La organización ecologista Greenpeace ha rechazado la actuación seguida por el Ayuntamiento de Carboneras (Almería) en sus esfuerzos por cumplir con la sentencia que obliga a restaurar la protección ambiental de los terrenos del paraje de El Algarrobico, donde se levanta el hotel de Azata. Greenpeace afirma que, según la documentación remitida al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por parte del Consistorio, los terrenos aún figuran como «urbanizables».
DUDAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA
Para la entidad conservacionista, la actuación realizada por el Ayuntamiento de Carboneras mediante las certificaciones remitidas al alto tribunal andaluz durante este verano no suponen un cumplimiento de la sentencia para modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y devolver a su estado original la calificación de los suelos. Greenpeace señala que «el Ayuntamiento de Carboneras lo único que ha hecho ha sido anotar la referencia de la sentencia, pero no ha hecho nada más».
Según el colectivo, tanto El Algarrobico como el Canillar «siguen apareciendo como sectores urbanizables en el PGOU», lo que contradice las intenciones del fallo judicial. Esta afirmación se sustenta en la consulta a planes urbanísticos y territoriales de Andalucía a través de la sede electrónica municipal, donde ambos sectores se mantienen como «urbanizables en el PGOU».
Además, Greenpeace ha recalcado que en la propia documentación aportada por el Ayuntamiento de Carboneras a partir de los diferentes requerimientos realizados durante los últimos meses y que se ha despachado a lo largo del verano, «siguen apareciendo ambos sectores como urbanizables».
SOLICITUD DE MAYOR CLARIDAD AL TRIBUNAL
En este contexto, Greenpeace ha solicitado a la sala que acuerde que «el Ayuntamiento de Carboneras sigue sin dar cumplimiento a la sentencia objeto de esta ejecutoria». La organización ecologista considera que las acciones emprendidas por el Consistorio no son suficientes para cumplir con la sentencia que obliga a declarar no urbanizables los suelos de El Algarrobico.
Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en su última providencia, ha dado por atendido el requerimiento hecho al Ayuntamiento de Carboneras tras sus continuas peticiones para que certificara que había cumplido con el fallo judicial. Sin embargo, el tribunal se ha interesado por conocer por qué el sector ST-2 correspondiente a El Canillar aparece aún como «suelo urbanizable vigente» en el PGOU vigente, ya modificado y rectificado.
Asimismo, el tribunal no aprecia que exista una modificación y rectificación en relación al anexo de las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Carboneras, referido al artículo sobre los usos de los suelos en cuestión. Pese a estas consideraciones, y a la espera de que se produzcan las aclaraciones solicitadas, el TSJA ha acordado abrir un trámite de alegaciones para que el resto de las partes del procedimiento impulsado por los colectivos Greenpeace, Ecologistas en Acción y Salvemos Mojácar indiquen lo que estimen oportuno sobre el cumplimiento de la sentencia.
UN REVÉS PARA EL AYUNTAMIENTO DE CARBONERAS
La posición de Greenpeace y las preguntas planteadas por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ponen de manifiesto las dificultades que enfrenta el Ayuntamiento de Carboneras para dar cumplimiento a la sentencia que obliga a modificar el PGOU y a declarar los terrenos de El Algarrobico como «suelo no urbanizable» y «de especial protección».
La organización ecologista ha dejado claro que las acciones emprendidas por el Consistorio hasta el momento no son suficientes, ya que los terrenos siguen apareciendo como «urbanizables» en los documentos y planes urbanísticos consultados. Esta situación supone un revés para el Ayuntamiento, que deberá proporcionar las aclaraciones solicitadas por el tribunal y demostrar que ha procedido a la modificación efectiva del PGOU, de acuerdo con lo establecido en la sentencia.
La batalla legal por los terrenos de El Algarrobico continúa, y el Ayuntamiento de Carboneras enfrenta un desafío importante para cumplir con la sentencia y restaurar la protección ambiental de este paraje, en medio de la oposición y la vigilancia de organizaciones como Greenpeace.
