En un giro inesperado, la asociación de automovilistas europeos ha exigido al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que paralice de forma inmediata la tramitación de las multas impuestas por acceder a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en la capital española.
Esta petición se fundamenta en la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que ha anulado las ZBE de la ciudad, considerando que existe una «patente insuficiencia del informe de impacto económico» en las medidas adoptadas por el Ayuntamiento.
La asociación calcula que estas multas suman más de 330 millones de euros en 1,7 millones de sanciones, y exige su devolución a los automovilistas afectados. Este hecho representa un desafío significativo para las autoridades municipales, que deberán tomar decisiones importantes en las próximas semanas para abordar esta situación.
Impacto económico de las Zonas de Bajas Emisiones
La sentencia del TSJM ha sido contundente al señalar que las medidas restrictivas adoptadas por la ordenanza afectan presumiblemente a las personas de menos capacidad económica, quienes se ven «impedidas o gravemente dificultados en sus posibilidades de acceder a nuevos vehículos que cumplan con las exigencias ambientales». Este aspecto no fue debidamente evaluado por el Ayuntamiento de Madrid al momento de implementar las ZBE.
Además, la resolución judicial también hace hincapié en el impacto directo de estas medidas en las condiciones de la competencia y del mercado, al afectar a miles de vehículos profesionales. Esta situación pone en evidencia la necesidad de un análisis más exhaustivo de los efectos económicos de las ZBE, tanto para los ciudadanos como para el tejido empresarial de la ciudad.
Posibles acciones del Ayuntamiento
Ante esta situación, la asociación de automovilistas europeos espera que el Ayuntamiento de Madrid no recurra la sentencia, ya que consideran que está «muy bien motivada a la luz de la doctrina del Tribunal de Justicia de la UE y del propio Tribunal Supremo de España». Sin embargo, el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha señalado que recurrirá la decisión del TSJM, lo que genera incertidumbre sobre el futuro de las ZBE en la capital.
En caso de que el Ayuntamiento decida acatar la sentencia, deberá tomar medidas urgentes para paralizar la tramitación de las multas y proceder a la devolución de los más de 330 millones de euros cobrados hasta el momento. Esta situación representa un desafío significativo para las finanzas municipales y pone en evidencia la necesidad de una revisión exhaustiva de la política de movilidad en Madrid.
