El Tribunal Supremo ha rechazado una denuncia interpuesta contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por supuesta «transfobia» y «desprotección de menores» por negar presuntamente a una mujer ‘trans’ la asistencia como víctima de violencia de género por haber sido, a su vez, un presunto agresor antes de su cambio de sexo. La Asociación Europea de Ciudadanos contra la Corrupción (AECC) interpuso la denuncia, reclamando una indemnización de 300.000 euros al Gobierno regional y al Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por los daños causados al menor.
El caso se produjo después de que la Comunidad de Madrid detectara seis casos de hombres que figuran en el sistema VioGén como agresores machistas y que realizaron el cambio registral de sexo. Uno de ellos habría sido identificado en Pozuelo de Alarcón, donde el presunto agresor trató de acceder al punto municipal del Observatorio de Violencia de Género en el que está siendo atendida su víctima.
Falta de Evidencia contra la Presidenta Ayuso
Los magistrados del Tribunal Supremo han rechazado la denuncia por no ser los hechos atribuidos a la aforada, es decir, Ayuso, constitutivos de delito. Según la resolución, «parece que la denuncia se extiende» a Ayuso «exclusivamente en virtud de su cargo, pero sin referir alguna vinculación con los hechos que se reputan, de forma más que discutible, delictivos». Además, señalan que no se detecta «el más mínimo esfuerzo en la denuncia por describir un comportamiento efectuado por esa denunciada».
Presuntos Abusos de un Transexual
Según la AECC, la mujer ‘trans’ acusada de maltrato había solicitado «ayuda y protección» para su hijo menor de edad, el cual se encontraba «en evaluación psiquiátrica y en fracaso escolar», teniendo que abandonar sus estudios. Sin embargo, subrayan que el presunto agresor «jamás fue condenado por ningún caso de violencia de género» a pesar de haber sido sometido «a más de 120 procedimientos judiciales de todo tipo» por parte de su expareja «con dolencias psiquiátricas».
La mujer ‘trans’ defiende que «en ningún caso» solicitó este recurso «para eludir la acción de la justicia u otros intereses espurios», pero lamentaba que tanto los Servicios Sociales como el Punto del Observatorio de Violencia de Género de Pozuelo de Alarcón le negaran la asistencia al menor «por la condición de transgénero de su madre», según los denunciantes.
Preocupación por las «Fisuras» en el Sistema de Protección a Víctimas
Tras conocerse esta denuncia, fuentes de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales consultadas por Europa Press señalaron que «no constaba ninguna comunicación oficial de que esta denuncia haya sido admitida a trámite» y recordaron que la consejera, Ana Dávila, trasladó el pasado mes de marzo a la ministra Ana Redondo la «preocupación» del Gobierno regional por las «fisuras» que está suponiendo en el sistema de protección a víctimas de violencia la Ley 4/2023 para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI.
