La formación política Sumar presentará este martes ante el Pleno del Congreso una iniciativa para crear una entidad pública empresarial que se encargue de la gestión de las centrales hidroeléctricas del país. La propuesta se basa en la necesidad de asumir la gestión de las concesiones finalizadas del dominio público hidráulico, con el objetivo de garantizar la soberanía energética del país.
Sumar considera que la gestión pública de la generación eléctrica es indispensable para lograr este objetivo. El grupo parlamentario entiende que la actual gestión privada de los recursos hidroeléctricos no opera bajo criterios de competencia, y que la regulación para intentar corregir las malas prácticas en el sector «se ha mostrado reiteradamente ineficaz».
Como ejemplo, se menciona la reciente absolución de Iberdrola Generación por parte de la Audiencia Nacional, de la acusación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de manipular su portfolio de generación para maximizar el beneficio de sus centrales hidroeléctricas.
Características de la Empresa Pública Propuesta
La propuesta de Sumar contempla la creación de una empresa pública con personalidad jurídica propia, patrimonio propio y autonomía en su gestión, cuyo objetivo sería la producción de energía eléctrica a través del uso privativo de las aguas. Esta empresa pública podría nacer a partir de la transformación de Hunosa, la actual compañía pública perteneciente a la SEPI, o bien crearse desde cero, abriendo la participación a las comunidades autónomas.
Además, la formación plantea habilitar a esta empresa pública para que pueda desarrollar e invertir en nuevas instalaciones de producción de energía, así como constituir sociedades o participar mayoritariamente en otras ya constituidas, con el fin de llevar a cabo la actividad de generación de energía.
Beneficios para la Ciudadanía y los Municipios Afectados
El objetivo central de esta propuesta es revertir los beneficios de la generación hidroeléctrica en la ciudadanía, y contribuir a la restitución económica y social de los municipios afectados por las instalaciones hidroeléctricas, en proporción a la generación producida en cada territorio.
Para poder alcanzar todos los objetivos incluidos en la proposición no de ley, el grupo Sumar también plantea que el Gobierno elabore un informe sobre la situación de las concesiones sobre el dominio público hidráulico, que delimite y clarifique los diferentes vencimientos de estas, y que analice el cumplimiento de los términos de dichas concesiones.
En resumen, la propuesta de Sumar busca recuperar la soberanía energética del país a través de la creación de una empresa pública de generación hidroeléctrica, que tenga autonomía de gestión y pueda invertir en nuevas instalaciones, con el fin de revertir los beneficios en la ciudadanía y restituir a los municipios afectados. Todo ello, en un contexto de ineficacia regulatoria para corregir las prácticas del sector privado.
