El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha salido en defensa de la legitimidad del gobierno gallego para presentar un recurso contra la Ley de Amnistía, después de que el Tribunal Constitucional anunciara que encargará un estudio para determinar si las comunidades autónomas pueden impugnar dicha norma.
Durante su comparecencia tras la reunión semanal del Consello de la Xunta, el presidente autonómico lamentó que «ahora el TC ya duda de todo», y reivindicó que «juristas de mucho prestigio» respaldan el recurso presentado por la Xunta. Según Rueda, antes de presentarlo, se contó con un dictamen del Consello Consultivo y la opinión de la Asesoría de Asuntos Constitucionales de la propia Xunta.
Otras Comunidades Autónomas también Recurren la Ley
Además, Rueda señaló que Galicia no es la única autonomía que ha presentado este tipo de recurso, sino que incluso algunas gobernadas por el Partido Socialista lo han hecho también. Aunque prefirió no anticipar la decisión final del Tribunal Constitucional, el presidente de la Xunta espera que al menos se admitan los recursos y se valoren sus argumentos.
«Resulta al menos curioso que la opinión de tantos juristas, insisto, que representan administraciones de diferentes colores políticos, resulta que absolutamente ninguno tiene la más mínima razón. La primera en la frente», subrayó Rueda, mostrando su sorpresa ante la postura del Tribunal Constitucional.
Galicia se Juega Mucho con este Recurso
Para el presidente de la Xunta, «Galicia se juega muchísimo» con este recurso, ya que considera que la Ley de Amnistía «quiebra la igualdad territorial, jurídica y económica» de España. Rueda defendió firmemente la legitimidad de la comunidad gallega para presentar este recurso, apoyado en el dictamen de prestigiosos expertos jurídicos.
La posición de la Xunta de Galicia ante la Ley de Amnistía ha generado gran expectativa, no solo a nivel autonómico, sino también en el conjunto del panorama político español. El Tribunal Constitucional deberá analizar con detenimiento los argumentos esgrimidos por la comunidad gallega y el resto de autonomías recurrentes, antes de emitir una decisión que sin duda tendrá un importante impacto en la aplicación y alcance de esta controvertida normativa.
