El Gobierno de Cantabria ha procedido a liquidar una tasa de 3.875 euros a la empresa aseguradora de los dos espeleólogos que se perdieron en la cueva de Soba el pasado 23 de junio. Esto se debe a que los rescatados no comunicaron previamente su acceso a la cavidad al Centro de Atención de Emergencias 112, algo que tampoco realizó la entidad organizadora de la actividad.
La Dirección General de Seguridad y Protección Ciudadana impuso esta tasa por la movilización del equipo de espeleosocorro y la duración de la intervención, que se extendió por 35 horas y 10 minutos. Esta medida se ampara en la Ley de Cantabria 11/2021 de Medidas Fiscales y Administrativas, que regula la tasa por servicios de rescate y salvamento.
OPERATIVO DE RESCATE A GRAN ESCALA
El rescate de los dos espeleólogos castellanoleoneses se llevó a cabo entre los días 23 y 25 de junio en la cueva denominada Garma Ciega-Sima del Sombrero, en el término municipal de Soba. Un total de 125 efectivos de todas las administraciones, 39 en la primera jornada y 86 en la segunda, con 11 vehículos en el primer día y 16 en el segundo, más dos helicópteros y los drones del Gobierno cántabro participaron en esta operación.
Los espeleólogos iniciaron la travesía el sábado 22 de junio a las 12.00 horas. Al no cumplirse la hora estimada de salida, un allegado avisó de la situación al Centro de Atención a Emergencias 112 de Cantabria a las 07.15 horas del domingo 23 y se activó el protocolo de rescate en cueva.
CONSECUENCIAS POR INCUMPLIMIENTO DE PROTOCOLOS
El no haber adoptado la medida de precaución consistente en la comunicación previa al 112 es uno de los supuestos de hecho imponibles para el cobro de las tasas previstas en la Ley de Cantabria 11/2021. En virtud de ello, el Ejecutivo ha aplicado la tarifa tres, que establece una cuantía de 569,97 euros por la movilización del equipo, hasta las seis primeras horas, y 113,99 euros la hora por cada hora adicional de intervención, hasta el final de la misma.
Frente a esta liquidación de tasa, notificada a los afectados el pasado 28 de agosto, pueden interponer una reclamación económico administrativa dirigida a la Dirección General de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno cántabro, en un plazo de un mes a partir del día siguiente al de la notificación, así como, en su caso, un recurso potestativo de reposición ante este mismo órgano.
