La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) ha emitido una advertencia sobre el «problema» que conlleva el nuevo concierto de MUFACE para la asistencia médica de los funcionarios si no se acuerda una prima por mutualista similar al gasto sanitario por ciudadano. Según la patronal, de no alcanzarse un acuerdo adecuado, existe el riesgo de que se produzca un «éxodo» de funcionarios hacia el sistema público de salud.
La Insuficiente Financiación Amenaza la Sostenibilidad del Mutualismo Administrativo
Desde la perspectiva de ASPE, si el nuevo acuerdo para el bienio 2025-2026 no implica un incremento significativo de la prima que garantice la plena accesibilidad de los mutualistas a todos los servicios sanitarios en todo el territorio y que, al mismo tiempo, remunere de forma suficiente a la provisión sanitaria, «existe el riesgo de que se incremente la tendencia de centros privados que dejen de concertar».
Esto se debe a que la remuneración insuficiente no cubriría los costes, lo que provocaría una menor accesibilidad y un cuadro médico más restrictivo, desincentivando a los funcionarios a elegir la sanidad privada. Según ASPE, «esa situación supondría un éxodo a la sanidad pública de un número relevante de mutualistas y familiares y, por consiguiente, un potencial incremento de las listas de espera».
La patronal también subraya la importancia de que se dejen de «limitar» la prestación de servicios de especialidad médica de mayor frecuentación, como los tratamientos de diálisis o de oncología, en el conjunto de territorios, debido a una financiación insuficiente.
La Alianza Reclama una Prima Justa y Suficiente para Garantizar la Sostenibilidad del Modelo
ASPE considera que la propuesta de incrementar un 24% la prima de MUFACE en 2025 y de un 1% en 2026 es «un primer paso en el buen camino», pero advierte de que esta cantidad no es «suficiente» para asegurar la viabilidad del modelo de mutualismo administrativo.
La patronal subraya la necesidad de equiparar la prima del mutualista con el gasto sanitario real por ciudadano, que se sitúa en 1.608 euros, para poder garantizar la sostenibilidad del sistema, tal y como se concluye en el informe de la Universidad Complutense de Madrid.
Según ASPE, «si no se logra una financiación verdaderamente adecuada que incluya a todos los actores implicados, el modelo sigue en riesgo de desaparecer, a pesar del impulso que se le trata de dar con este acuerdo».
Además, el informe de la UCM señala que el modelo actual de MUFACE ahorra al Estado más de 890 millones de euros al año y su desaparición supondría para la sanidad pública un impacto económico de más de 1.000 millones de euros al tener que absorber la asistencia de todos los mutualistas, además de provocar un incremento en las listas de espera del 266% para consulta externa y del 115% para una intervención quirúrgica.
