En un movimiento sin precedentes, el grupo Sumar ha presentado este viernes una demanda ante la Audiencia Nacional, exigiendo que el Banco de España proporcione información detallada sobre las transferencias de dinero público realizadas a los bancos en concepto de intereses por sus depósitos durante los años 2022 y 2023.
Este paso se produce después de que el grupo ya registrara una solicitud de informe en el Congreso, a la que el exgobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, respondiera alegando que dichos datos son confidenciales y pertenecen al Banco Central Europeo (BCE). Ante esta negativa, Sumar ha decidido acudir a la vía judicial para obtener la transparencia que consideran necesaria.
La Lucha por la Transparencia Bancaria
Carlos Martín, portavoz económico de Sumar en el Congreso, ha manifestado que la organización se ha visto «en la obligación de denunciar al Banco de España frente a la Audiencia Nacional por falta de transparencia». Según Martín, el Banco de España, ahora gobernado por José Luis Escrivá, se niega a facilitar información sobre «cuánto dinero está pagando banco a banco por los depósitos que realizan en el propio Banco de España».
Sumar ha realizado sus propios cálculos, estimando que durante 2023, los bancos habrían obtenido 8.000 millones de euros por esta vía, lo que representaría aproximadamente el 65% de sus beneficios en España. Esto, aseguran, habría provocado que el Banco de España registrara pérdidas en su cuenta de resultados, las cuales fueron compensadas mediante provisiones.
Además, Sumar señala que el ingreso de 2.000 millones de euros que el Banco de España suele transferir anualmente al Tesoro, procedente de sus beneficios, se redujo a cero. Esto, según el grupo, se traduce en «un importante menoscabo en las posibilidades de financiar políticas públicas».
El Impacto en las Finanzas Públicas
Para Carlos Martín, esta situación «va en contra de los intereses de los ciudadanos» y «impide hacer un adecuado diseño de la política fiscal». Por ello, Sumar ha exigido que el impuesto extraordinario sobre la banca, aprobado recientemente, se prorrogue mediante los Presupuestos Generales del Estado de 2025.
La demanda presentada por Sumar ante la Audiencia Nacional representa un desafío directo a la opacidad en la que, según el grupo, se mueve el Banco de España en lo que respecta a las transferencias de dinero público a los bancos. Esta acción busca no solo obtener la información solicitada, sino también poner de manifiesto la necesidad de una mayor transparencia en el sector bancario, con el objetivo de asegurar que los intereses de los ciudadanos y las finanzas públicas sean debidamente protegidos.
