Las asociaciones empresariales del sector de la dependencia han expresado su «profunda preocupación» por la aprobación del Real Decreto que regula la protección de la seguridad y la salud en el ámbito del servicio del hogar familiar, el cual incluye disposiciones relativas a los Servicios de Ayuda a Domicilio. Consideran que las exigencias planteadas por el Gobierno son de «imposible cumplimiento».
En un comunicado conjunto, los representantes de las principales asociaciones del sector, como la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (Aeste), la Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio (Asade), el Círculo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPs), la Federación Empresarial de la Dependencia (FED) y Lares, han expuesto su preocupación por las implicaciones de este real decreto.
Exigencias Inconcebibles para el Sector
Según las asociaciones, el real decreto «lejos de solucionar problemas inexistentes, los crea, generando inseguridad jurídica para entidades, profesionales, familias y personas usuarias, haciendo colisionar derechos y poniendo en grave riesgo la sostenibilidad de este».
Argumentan que el Gobierno «parece querer olvidar que hablamos de un sector público» y que con una «vaga redacción», hace recaer sobre las empresas que prestan los servicios la obligación de «adoptar cuantas medidas resultasen necesarias» y «la introducción de las modificaciones en el domicilio» que se requieran «para garantizar la protección más adecuada», lo cual consideran «inconcebible técnica, económica y operativamente, resultando de imposible cumplimiento.
Preocupación por la Mezcla de Actividades y la Falta de Análisis de Viabilidad
Las asociaciones también señalan su preocupación por la «mezcla de la actividad de personas empleadas del hogar con el profesionalizado y de titularidad pública de la ayuda a domicilio», lo cual consideran un error. Asimismo, advierten que el Ministerio de Trabajo y Economía Social «aprovecha la redacción de un RD de una actividad radicalmente diferente en fondo y forma para incorporar, vía una disposición adicional, un cambio profundo en el sector de los cuidados a las personas más vulnerables.
Ante esta situación, las patronales exigen «una adecuada ponderación de los derechos laborales, sociales y de la propiedad«, y reclaman «con rotundidad» que sus voces sean escuchadas y tenidas en cuenta cuando se legisla en aspectos centrales de la prestación de los cuidados. Además, solicitan que el Gobierno «evite su reiterado intervencionismo e invasión del ámbito de la negociación colectiva».
Por último, las asociaciones manifiestan su «compromiso absoluto» por la protección de todos los derechos de los trabajadores del sector de los cuidados, y exigen que cualquier medida que afecte al sector venga acompañada de un «análisis de viabilidad y de una adecuada dotación presupuestaria», así como la «modificación de los contratos que rigen dicha prestación de cuidados mediante una necesaria y justa actualización de precios de los mismos, derogando de manera inmediata la Ley de Desindexación de Precios que rige en los contratos del sector público».
