El sindicato de enseñanza ANPE Madrid ha expresado su rechazo al anuncio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre la obligatoriedad de implementar el horario partido en los nuevos colegios públicos de Educación Infantil y Primaria, incluyendo también los cursos de 1º y 2º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO). ANPE considera que esta medida «permite que se les utilice a los profesores para garantizar una conciliación familiar mal entendida» a expensas de «cualquier planteamiento pedagógico».
En su comunicado, ANPE reconoce la necesidad de que las administraciones «garanticen los servicios asistenciales para el cuidado de los menores», pero subraya la importancia de distinguir entre la «jornada asistencial» y la «jornada educativa». Desde el sindicato, se defiende que la organización del horario escolar debe responder a «criterios pedagógicos» y no simplemente a las necesidades de conciliación familiar.
ANPE critica que la medida anunciada por Ayuso «demuestra claramente la concepción que la Administración tiene de los profesores», al considerarlos como meros «custodios de los alumnos» en lugar de reconocerlos como «profesionales de la educación» cuya especialización debe ser respetada.
Exigencia de Libertad en la Elección del Modelo de Jornada Escolar
ANPE ha reiterado su reivindicación de que los centros educativos «puedan elegir libremente» entre la jornada partida o la jornada continua, en el marco de su «autonomía pedagógica y organizativa». Desde el sindicato, se considera que esta libertad de elección debe ser un «elemento de calidad» en el sistema educativo.
En este sentido, ANPE advierte que la regulación de la jornada escolar en la Comunidad de Madrid «ahonda en el convencimiento» de que ni la sociedad ni la Administración reconocen la «profesionalidad» de los docentes como «expertos de la educación.
Necesidad de Reconocer la Especialización Docente
Finalmente, ANPE exige que la Administración «trabaje activamente para el reconocimiento de la profesión docente y de su especialización», evitando que se utilice a los profesores «de forma encubierta» para cubrir necesidades asistenciales que deberían ser atendidas por otros servicios.
El sindicato insiste en que los docentes «no son custodios de los alumnos, sino profesionales» cuya labor educativa debe ser la prioridad, sin verse supeditada a consideraciones de conciliación familiar que podrían comprometer los planteamientos pedagógicos.
