Quizás demasiado lento, pero todo apunta a qué mes y medio después del fraude electoral en Venezuela y tras el exilio del triunfador de las elecciones, Edmundo González Urrutia, parece que finalmente Estados Unidos cumplirá con los se dijo en el acuerdo de Barbados, firmado en diciembre, Los Demócratas dan el primer paso para retomar la estrategia de sanciones petroleras en Venezuela. Así lo ha anunciado el senador Demócrata de Illinois, Richard Durbin, en su cuenta de X, la red social antes conocida como Twitter, lo que se traduce en un nuevo aumento de la presión internacional contra la dictadura.
El problema, por supuesto, es lo complejo que se ha vuelto crear esta presión a nivel interno. La represión del gobierno y lo que parece traducirse como una falta de estrategia de la oposición liderada por Maria Corina Machado, quien no ha podido organizar grandes protestas internas desde el 29 de julio, el día posterior de la elección y hasta este momento no había podido generar una presión internacional potente, con la mayoría de los gobiernos de la región siguiendo la estela de Brasil y Colombia que intentaron negociar con el chavismo tras las elecciones.
Pero parece que ahora vuelve la estrategia de presión. Es importante, pues si bien la misma fue criticada por los sospechosos habituales en 2019, y en Venezuela por organizaciones como Fedecámaras, el equivalente venezolano de la CEOE, por los efectos que tiene en las empresas privadas, el intentar que se eliminara fue lo que llevó al chavismo a asumir el riesgo de unas elecciones que consiguieron, incluso si no consiguen sacarlo del poder, herir de nacimiento la legitimidad internacional del régimen de Nicolás Maduro.
Por fortuna, el senador no ha ido con medias tintas en el anuncio del proyecto de ley. «He introducido una ley que espera terminar toda la cooperación petrolera con Venezuela hasta que se respete el resultado legítimo de la reciente elección. Debemos detener el robo de Maduro de la decisión hecha por el voto de los venezolanos», explica en su texto. De momento el proyecto tendrá que pasar por las dos cámaras del congreso, pero es evidente que será un proyecto bipartidista, pues tendrá que sobrevivir a un cambio en el inquilino de la Casa Blanca a principios de año.
SANCIONES INDIVIDUALES MÁS ALLÁ DE LA INDUSTRIA PETROLERA
No son las únicas sanciones que se siguen barajando en Estados Unidos y Europa. Desde el mismo día de la elección se ha hablado de aplicar nuevas sanciones individuales al círculo más cercano del líder del régimen, y retomar la vigilancia para los testaferros cercanos a estas figuras. Si bien es un regreso a una estrategia de presión que, evidentemente, no derrocó a la dictadura en 2019 sí que da a la oposición y a la comunidad internacional algunas herramientas para dialogar.
El problema internamente es que incluso desde antes de la elección hay figuras del chavismo más allá de Maduro que, tanto por motivos ideológicos como por supervivencia pura, ven como imposible dejar el poder. Si bien se mantienen las presiones internas que se pueden hacer sin protestas, la situación parece complicada, y si algo han demostrado los funcionarios del régimen es que están dispuestos a aferrarse al poder, incluso cuando las condiciones para ello empeoran la vida de los venezolanos o reducen su capacidad de maniobra en el poder.
Se suma que a pesar de la petición de la oposición, la mayoría de los países no se han atrevido a reconocer a Edmundo González Urrutia como ganador de las elecciones. Es una situación que parece que a los gobiernos les recuerda demasiado a la de Juan Guaidó en 2019. El caso de España es especialmente dramático, pues, el congreso le reconocerá como presidente electo, pero no lo hará el poder ejecutivo por decisión de Pedro Sánchez.
UNA NUEVA CRISIS MIGRATORIA DESDE VENEZUELA
Mientras tanto, ya empiezan a multiplicarse de nuevo los datos migratorios. Según el diario El Tiempo de Colombia, desde el 28 de julio, alrededor 150 venezolanos han cruzado la frontera cada día desde el 29 de julio, lo que habla de alrededor de otros 6600 migrantes a pie sin contar los que hayan salido por otras vías, o que hayan cruzado la frontera lejos de los puntos de control para evitar a los militares.
Es que el atrincheramiento de Maduro en el poder conduce también a otro gran número de migrantes venezolanos que seguirán buscando suerte lejos de sus fronteras. La cifra actual se acerca a los 8 millones y dada la situación en el país no es probable que disminuya.
LOS EFECTOS SOBRE LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS
Por otro lado, si las sanciones petroleras se aplican finalmente, habrá que seguir de cerca qué ocurre con empresas españolas como Repsol, que operan en España con un permiso especial. Es que si se aprueba el proyecto de ley como lo espera el senador de Illinois, esto se traduciría en que ninguna empresa.
