En un movimiento que desafía el statu quo, el Gobierno de Aragón ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo, buscando forzar la convocatoria de la Conferencia de Presidentes por parte del Ejecutivo central. Esta acción judicial representa un capítulo clave en la lucha por la coordinación y cooperación entre las administraciones autonómicas y el Gobierno de España.
La admisión a trámite de este recurso por parte de la Sala Tercera del Tribunal Supremo pone de manifiesto la importancia y la urgencia de este asunto. El Gobierno autonómico de Aragón ha argumentado sólidamente que el presidente del Gobierno de España está legalmente obligado a convocar este órgano de coordinación al menos dos veces al año, ya sea por iniciativa propia, a petición del Comité Preparatorio o de diez presidentes autonómicos.
La Obligación Legal de Convocar la Conferencia de Presidentes
El Gobierno de Aragón ha basado su recurso en el artículo 4 del Reglamento de la Conferencia de Presidentes, publicado en marzo de 2022. Esta normativa establece claramente la obligación del presidente del Gobierno de España de convocar este importante foro de coordinación interterritorial.
Sin embargo, a pesar de los requerimientos legales, el Ejecutivo central ha incumplido esta obligación durante todo el año 2023 e incluso 2024. Esto ocurre incluso después de que 14 presidentes autonómicos y de ciudades con Estatuto solicitaran expresamente la celebración de la Conferencia en noviembre de 2023, un supuesto que obliga legalmente al presidente a efectuar dicha convocatoria.
Ante la ausencia de respuesta del Gobierno de España, el Gobierno de Aragón ha tenido que recurrir a la vía judicial para exigir el cumplimiento de esta obligación. La admisión a trámite del recurso por parte del Tribunal Supremo demuestra la relevancia de esta cuestión y la determinación del Ejecutivo aragonés por hacer valer sus derechos en esta disputa.
La Posición del Gobierno de Aragón y el Impacto en la Cooperación Interterritorial
La postura del Gobierno de Aragón en este conflicto jurídico se sustenta en la importancia de la Conferencia de Presidentes como un mecanismo clave para la coordinación y cooperación entre las diferentes administraciones autonómicas y el Gobierno central.
Al solicitar reiteradamente la convocatoria de este órgano, el Gobierno de Aragón busca fomentar el diálogo y la toma de decisiones conjunta en asuntos de interés común para todas las comunidades autónomas y el Ejecutivo nacional. Esta iniciativa se enmarca en un esfuerzo más amplio por fortalecer los vínculos y la colaboración entre los diferentes niveles de gobierno en España.
La batalla legal emprendida por el Gobierno de Aragón tiene implicaciones que van más allá de los intereses particulares de esta comunidad autónoma. Su desafío a la inacción del Gobierno central representa un llamado a la responsabilidad y al respeto de las obligaciones legales en materia de coordinación interterritorial. El resultado de este caso sentará un precedente que podría tener repercusiones en la dinámica de las relaciones entre las administraciones autonómicas y el Gobierno de España.
En resumen, la admisión a trámite del recurso presentado por el Gobierno de Aragón ante el Tribunal Supremo, en relación con la convocatoria de la Conferencia de Presidentes, evidencia la determinación de esta comunidad autónoma por hacer valer sus derechos y la relevancia de este conflicto en el ámbito de la cooperación interterritorial en España.
