La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía ha entrado en un intenso debate con el Gobierno central sobre el destino de los 112 millones de euros en fondos europeos. Mientras que Andalucía deseaba utilizar estos recursos para ampliar la gratuidad del primer ciclo de Educación Infantil, el Gobierno ha optado por repartirlos entre varias comunidades autónomas para la creación de más plazas públicas gratuitas.
Esta pugna refleja la importancia que ambas administraciones conceden a la escolarización temprana de los más pequeños, un asunto clave en la política educativa de la región. Andalucía ha resaltado su modelo de colaboración público-privada, que le ha permitido alcanzar una tasa de escolarización del 58% en el primer ciclo, muy por encima de la media nacional.
La Singularidad del Modelo Andaluz de Educación Infantil
La Junta de Andalucía ha defendido con vehemencia su modelo de escolarización temprana, basado en una estrecha colaboración entre el sector público y el privado. Según sus datos, Andalucía cuenta con más de 34.000 plazas disponibles en el primer ciclo de Educación Infantil, lo que pone en entredicho la necesidad de destinar los fondos europeos a la creación de nuevas plazas públicas.
Además, la Administración autonómica ha resaltado que este modelo genera alrededor de 15.000 puestos de trabajo, en su mayoría en pequeñas empresas familiares. Por ello, considera que destinar los 112 millones a la expansión de la red pública pondría en peligro este ecosistema empresarial.
La Junta de Andalucía ha destacado que su prioridad es ampliar la gratuidad de las plazas para las familias, con el objetivo de alcanzar el 100% en el curso 2025/2026. De hecho, en la actualidad, el 50% de las familias andaluzas con hijos escolarizados en el primer ciclo de Infantil ya se benefician de esta medida, gracias a una inversión de 250 millones de euros.
El Papel del Gobierno Central y la Frustrada Negociación
La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía ha acusado al Gobierno central de no haber dado una respuesta adecuada a las demandas de la región. Según la Administración autonómica, el Ministerio se comprometió a buscar una solución, pero nunca llegó a concretar una propuesta.
En contraste, la Junta señala que el Gobierno sí logró adaptar los fondos a las necesidades del País Vasco, lo que evidencia, en su opinión, una falta de sensibilidad hacia la singularidad del modelo andaluz.
Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo, la Junta se vio obligada a devolver los 112 millones de euros en fondos europeos. No obstante, ha resaltado que, antes de tomar esta decisión, abrió una línea de subvenciones de 52 millones a los ayuntamientos andaluces para ampliar la oferta de plazas en zonas con escasez de oferta.
La Responsabilidad Compartida en la Política Educativa
Más allá de la disputa por los fondos europeos, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía ha destacado que la región asume la financiación de diversas medidas educativas impulsadas por el Gobierno central, como la nueva Ley de Formación Profesional (22 millones de euros) o el acceso de los profesores técnicos de FP al cuerpo de Secundaria (32 millones anuales).
Este hecho pone de manifiesto que la política educativa es un ámbito en el que ambas administraciones deben trabajar de manera coordinada y colaborativa, buscando soluciones que se adapten a las necesidades y singularidades de cada territorio.
