La noticia sobre la avería del ascensor en el colegio Voramar de Alicante ha generado un intenso debate en torno a la responsabilidad de las administraciones públicas en garantizar la accesibilidad y la inclusión en los centros educativos. El caso del alumno en silla de ruedas que debe ser cargado por su madre hasta el aula ha puesto de manifiesto la urgencia de encontrar soluciones efectivas para este tipo de situaciones.
En este contexto, las declaraciones del conseller de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira, han sido objeto de críticas por parte de los partidos de la oposición. Rovira ha apuntado a un posible «boicot» en el ascensor roto, lo que ha sido calificado como «inaudito» por la portavoz del PSPV en el Ayuntamiento de Alicante, Ana Barceló. Asimismo, Compromís ha solicitado la comparecencia del conseller en Les Corts para que explique estas acusaciones.
La Responsabilidad de las Administraciones Públicas
Las declaraciones de Rovira han generado un intenso debate sobre la responsabilidad de las diferentes administraciones en la resolución de este problema. Tanto el PSPV como Compromís han señalado que la reparación del ascensor es competencia del Ayuntamiento de Alicante, y han criticado la «enorme incompetencia» del alcalde, Luis Barcala, al no ser capaz de arreglar el ascensor.
Por su parte, la ministra de Educación, Pilar Alegría, ha urgido al colegio Voramar a hacer la reparación necesaria o buscar una solución alternativa que garantice el acceso del alumno en silla de ruedas. Alegría ha reconocido que, si bien la reparación es competencia del Ayuntamiento, las administraciones autonómicas deben tener un «plan B» para asegurar que los niños reciban una educación de calidad.
El Papel de la Comunidad Educativa
Además de las críticas a las administraciones, Compromís también ha acusado a Consellería y al Ayuntamiento de «lavarse las manos» en este asunto, señalando que deberían estar dando explicaciones, al tratarse de un centro público con alumnado que tiene necesidades.
En este sentido, el portavoz de Compromís en el Ayuntamiento, Rafa Mas, ha censurado las «difamaciones» de Rovira al acusar a la comunidad educativa de «boicot» de las infraestructuras. Según Mas, esto se suma a los «bulos» de la concejala de Educación de Alicante, Mari Carmen de España, quien «no ha hecho nada para reparar los desperfectos de los colegios públicos».
En definitiva, este caso pone de manifiesto la necesidad de una mejor coordinación y responsabilidad compartida entre las diferentes administraciones, así como el reconocimiento del papel fundamental de la comunidad educativa en la búsqueda de soluciones que garanticen la accesibilidad y la inclusión en los centros escolares.
