El Congreso impulsa que las sociedades tengan que comunicar bajadas de volumen sin bajar el coste

La Cámara Baja española ha dado un paso importante en la lucha contra la reduflación, una práctica que afecta directamente al poder adquisitivo de los consumidores. Esta iniciativa, impulsada por el Partido Socialista (PSOE), tiene como objetivo obligar a las empresas a informar de forma clara sobre cualquier disminución en el tamaño o peso de un producto cuando el precio se mantenga igual o incluso aumente.

La reduflación es considerada por expertos y autoridades como una «auténtica estafa» que socava la confianza de los consumidores en el mercado. Esta práctica oculta una realidad incómoda: los consumidores están pagando cada vez más por menos producto, lo que representa una clara erosión de su poder adquisitivo.

LA LUCHA CONTRA LA REDUFLACIÓN GANA TERRENO EN EL CONGRESO

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado por amplia mayoría una proposición no de ley presentada por el PSOE para combatir esta problemática. La única abstención provino de Vox, mientras que el resto de los grupos parlamentarios -incluidos Sumar, PNV, ERC y Bildu- coincidieron en la necesidad de erradicar esta práctica engañosa.

La diputada socialista Noelia Cobo Pérez, encargada de defender la iniciativa, calificó la reduflación como un «ataque directo a nuestro poder adquisitivo y a la transparencia en el mercado». Según Cobo Pérez, esta situación «atenta contra los derechos de los consumidores y consumidoras y debe ser erradicada».

Sin embargo, no todos los grupos coincidieron en las soluciones planteadas. Mientras que el PSOE propone obligar a las empresas a informar sobre la disminución del producto, el portavoz económico de Sumar, Carlos Martín, consideró que esta medida era «muy reduccionista» y abogó por un impuesto inteligente a las grandes empresas de la cadena alimentaria que se adapte a los márgenes de beneficio excesivos.

EL GOBIERNO, SEÑALADO COMO RESPONSABLE DE LA INFLACIÓN

Por su parte, los grupos de la oposición, PP y Vox, acusaron directamente al Gobierno de ser el responsable último de la reduflación y del avance inflacionista en los últimos meses. Según el diputado del PP, Antonio Martínez Gómez, las «nefastas políticas económicas» del Ejecutivo han provocado que los alimentos se hayan encarecido hasta un 35%.

Desde Vox, Tomás Fernández Ríos afirmó que la reduflación es consecuencia de las «absurdas, improvisadas e ideologizadas políticas» impulsadas por el Gobierno, lo que ha provocado que «la gran mayoría de los españoles lo reduzcan todo» para sobrevivir.

UN LLAMADO A LA TRANSPARENCIA Y LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR

El debate en el Congreso pone de manifiesto la preocupación generalizada por esta práctica que afecta directamente al poder adquisitivo de los consumidores. Más allá de las diferencias partidistas, existe un consenso en torno a la necesidad de erradicar la reduflación y garantizar una mayor transparencia en el mercado.

Las propuestas planteadas, ya sea mediante la obligación de informar a los consumidores o a través de medidas fiscales dirigidas a las grandes empresas, apuntan a la búsqueda de soluciones efectivas que protejan los derechos de los ciudadanos y restauren la confianza en el sistema.

En un contexto de inflación persistente y erosión del poder adquisitivo, la lucha contra la reduflación se convierte en una prioridad para las autoridades y los legisladores, quienes deberán implementar medidas concretas para abordar esta problemática y garantizar la equidad y transparencia en el mercado.