El alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), ha confirmado en una conferencia de prensa que el Ayuntamiento continuará recurriendo a los tribunales para intentar detener el centro de menores migrantes no acompañados que la Comunidad de Madrid está habilitando en el edificio de La Cantueña, junto a la A-42.
Ayala ha reafirmado que «Fuenlabrada no puede ser castigada con una decisión que además atenta contra los derechos de los menores, que no están en un sitio adecuado». Además, ha deslizado que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha emprendido las obras en La Cantueña «prácticamente sin licencia» y que «ha adaptado la normativa autonómica para poder hacer lo que está haciendo».
La disputa legal por la titularidad del edificio
Tras un juzgado autorizar a la Comunidad de Madrid a emprender las obras de adaptación después de que el Ayuntamiento las paralizara, el alcalde ha retomado sus críticas al Gobierno regional por no haber contado con el municipio para afrontar «el reto de la inmigración.
Ayala ha vuelto a asegurar que «no conoce nada nuevo» de las obras que se están llevando a cabo, y que, a su juicio, se realizan en «un edificio que consideramos que es de titularidad municipal». «Estamos en un proceso judicial en el que reclamamos esa titularidad», ha recordado.
La falta de coordinación y comunicación entre administraciones
En este sentido, el alcalde ha manifestado que la política migratoria llevada a cabo por la Administración regional supone una «desconsideración con Fuenlabrada porque no ha querido hacer un reparto equilibrado con municipios, y ha castigado a la ciudad».
No se ha hecho tampoco con lealtad para explicar cuestiones básicas como cuándo van a venir (los menores), o cómo van a ser las obras», ha zanjado el regidor, evidenciando la falta de coordinación y comunicación entre las diferentes administraciones.
El papel de los gobiernos local y regional en la gestión de la inmigración
La disputa entre el Ayuntamiento de Fuenlabrada y la Comunidad de Madrid por el centro de menores migrantes no acompañados pone de manifiesto los desafíos que enfrentan los gobiernos locales y regionales en la gestión de la inmigración.
Por un lado, el Ayuntamiento defiende los intereses de la ciudad y cuestiona la ubicación y la falta de coordinación del proyecto. Por otro, el Gobierno regional ha decidido implementar esta iniciativa sin consultar plenamente al municipio, generando tensiones y una disputa legal que podría prolongarse.
En este contexto, es fundamental que las diferentes administraciones trabajen de manera coordinada y transparente para encontrar soluciones que tengan en cuenta las necesidades y preocupaciones de las comunidades locales, así como los derechos y el bienestar de los menores migrantes no acompañados.
Solo a través de un diálogo abierto y una colaboración efectiva entre los gobiernos locales y regionales se podrá abordar de manera integral el reto de la inmigración, garantizando el respeto a los derechos de todos los involucrados y promoviendo la cohesión social en las ciudades y regiones afectadas.
