La Audiencia Nacional (AN) ha dictado una sentencia contundente en el caso del Campus de la Justicia de Madrid, condenando a diversos implicados por delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos. La resolución judicial pone de manifiesto las graves irregularidades cometidas en la gestión y contratación del proyecto, que derivaron en la malversación de más de 40 millones de euros.
Condenas y Responsabilidades
La sentencia condena al que fuera vicepresidente y exconsejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Alfredo Prada, a 7 años de cárcel por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con delito continuado de malversación agravada. Asimismo, impone penas de 3 años y medio de prisión a cuatro empleados que formaron parte del equipo directivo del proyecto: Isabelino Baños, Alicio de las Heras, Andrés Gómez Gordo y Félix José García de Castro.
Todos los condenados deberán indemnizar conjunta y solidariamente a la Comunidad de Madrid en la cantidad de 40.482.735,78 euros, siendo García de Castro responsable subsidiario en defecto de los anteriores. Un sexto acusado, Mariano José Sanz, ha sido absuelto por el tribunal.
Irregularidades en la Contratación
La sentencia detalla las graves irregularidades cometidas en la contratación del proyecto del Campus de la Justicia. Los magistrados señalan que los acusados, miembros de la mesa de contratación, obviaron toda previsión económica, prescindieron de estudios de costes y eludieron los controles administrativos, infringiendo la normativa aplicable.
Los contratos suscritos se alejaron cada vez más del objeto social, convirtiéndose en un «pretexto o excusa» para celebrar todo tipo de contratos, en especial el encargo al arquitecto británico Norman Foster por más de 13 millones de euros. Según la AN, estos contratos «en nada benefician el objeto social» y suponen un «gasto excesivo» que «se distrajo de su legítimo fin«.
Malversación de Fondos Públicos
El tribunal considera que la malversación ocasionada en el proyecto es de «suma gravedad«, al alcanzar la cantidad de 40 millones de euros, «de una extraordinaria relevancia» que ha dañado de forma clara el servicio público. El «fracaso» del proyecto se debió en gran parte a «los gastos sin límite dedicados a fines que guardaban poca relación con el objeto social«.
En definitiva, la sentencia de la Audiencia Nacional pone de manifiesto una gestión negligente y fraudulenta del proyecto del Campus de la Justicia, en la que primaron los intereses particulares sobre el interés público, resultando en una grave malversación de fondos que deberá ser resarcida por los condenados.
