La decisión del juez Pablo Llarena del Tribunal Supremo de no aplicar la amnistía al ex presidente catalán Carles Puigdemont y los ex consejeros Antoni Comín y Lluís Puig ha desatado una ola de críticas y controversia en España. Podemos, uno de los partidos políticos más influyentes del país, ha calificado este hecho como un «ataque a la democracia» y cree que es consecuencia directa del pacto entre el PSOE y el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
La eurodiputada de Podemos y ‘número dos’ de la formación, Irene Montero, ha censurado que el magistrado del Tribunal Supremo pueda permitirse «no aplicar» a varios líderes del ‘procés’, incluido Puigdemont, una normativa decidida democráticamente por el Congreso. Montero ha subrayado que desoír una decisión democrática del poder legislativo en un Estado de Derechos es «un golpe a la democracia y esto es exactamente lo que está haciendo el Tribunal Supremo con esta decisión».
La Ley de Amnistía y el Pacto PSOE-PP
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha reprochado también en la red social ‘X’ que el Supremo rechace aplicar la Ley de Amnistía en este caso, «demostrando una vez más que en el siglo XXI los avances democráticos se frenan con golpes de togas«. Belarra ha señalado que «este golpe a la democracia es el resultado de la rendición del PSOE ante la derecha judicial«.
Según Podemos, la decisión del Tribunal Supremo de no aplicar la amnistía a Puigdemont y sus ex consejeros es una consecuencia directa del pacto entre el PSOE y el PP para renovar el CGPJ. Consideran que este acuerdo político entre los dos principales partidos del país legitima el golpismo judicial y pone en peligro los avances democráticos logrados en España.
La Necesidad de una Fuerza Capaz de Frenar el «Golpismo Judicial»
Ante esta situación, Irene Montero ha enfatizado la necesidad de poner en pie una fuerza capaz de parar los pies a esas fuerzas reaccionarias que están dándole un golpe a la democracia y que están queriendo decirle al país entero que no se pueden tomar decisiones democráticas sin su aprobación. Podemos considera que el Tribunal Supremo se ha convertido en un obstáculo para la consolidación de la democracia en España y que es necesario actuar para evitar que siga minando los avances logrados en este ámbito.
En resumen, la decisión del Tribunal Supremo de no aplicar la ley de amnistía a Puigdemont y sus ex consejeros ha provocado una fuerte reacción por parte de Podemos, que la considera un «ataque a la democracia» y una consecuencia del pacto entre el PSOE y el PP para renovar el CGPJ. Para el partido morado, este hecho demuestra la necesidad de crear una fuerza capaz de frenar el «golpismo judicial» que, a su juicio, amenaza los avances democráticos en España.
