La decisión del magistrado Pablo Llarena de no aplicar la amnistía a la malversación de fondos en el ‘procés’ ha generado un intenso debate y controversia en la esfera política española. Esta medida, tomada por el juez instructor del caso, ha sido interpretada por los partidos independentistas como un «golpe de estado judicial» que confirma la presencia de un sesgo político en el proceso.
En este contexto, el portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, ha expresado su rechazo a la decisión de Llarena, argumentando que la ley de amnistía debería extenderse a los delitos de malversación cometidos durante el ‘procés’. Según Rufián, los gastos autorizados por los líderes independentistas no responden a un «propósito de enriquecimiento», lo que les haría acreedores de la amnistía.
El Rechazo a la Amnistía por la Malversación
El pasado mes de junio, el magistrado Pablo Llarena rechazó aplicar la amnistía a la malversación de fondos públicos en el ‘procés’, al considerar que este delito no cumplía con los requisitos establecidos por la ley. Llarena argumentó que la amnistía solo podría aplicarse cuando la malversación no respondiera a un «propósito de enriquecimiento», algo que, en su opinión, no se cumplía en el caso de los líderes independentistas procesados.
Esta decisión generó la presentación de recursos por parte de Carles Puigdemont, Antoni Comín y Lluís Puig, ex altos cargos de la Generalitat, así como de la Fiscalía y la Abogacía del Estado. Sin embargo, en una reciente resolución, Llarena ha ratificado su posición, confirmando que no aplicará la amnistía a la malversación de fondos en el ‘procés’.
El Impacto Político de la Decisión
La negativa de Llarena a aplicar la amnistía a la malversación ha sido interpretada por los partidos independentistas como un «golpe de estado judicial», que demuestra la presencia de un sesgo político en el proceso. Según Gabriel Rufián, esta decisión evidencia que el Poder Judicial está actuando de manera parcial y sesgada, lo que pone en duda la imparcialidad del proceso.
Desde la óptica de los partidos independentistas, la amnistía debería extenderse a todos los delitos cometidos durante el ‘procés’, incluyendo la malversación, ya que consideran que los gastos autorizados por los líderes no respondían a un fin de enriquecimiento personal, sino a la organización del referéndum y las acciones relacionadas con el proceso de secesión. Esta postura contrasta con la interpretación realizada por el juez Llarena, quien ha mantenido su criterio de excluir la malversación de la amnistía.
En definitiva, la decisión de Llarena ha generado un nuevo foco de tensión en el debate político sobre el ‘procés’, profundizando la brecha entre los partidos independentistas y el Poder Judicial. Este episodio evidencia la complejidad y la carga política que aún rodea a este proceso, en el cual las diferentes interpretaciones de la ley y la aplicación de medidas como la amnistía siguen siendo objeto de un intenso debate y confrontación.
