La comunidad autónoma de Baleares ha tomado una posición firme al interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la reciente Ley de Amnistía aprobada por el Congreso de los Diputados. Esta decisión refleja la preocupación del Govern balear por la presunta vulneración de principios constitucionales fundamentales.
En un movimiento estratégico, el Ejecutivo autonómico también ha autorizado a la Abogacía de la Comunidad Autónoma a formalizar la recusación del presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, y de dos magistrados, Juan Carlos Campo Moreno y Laura Díez Bueso. Este paso busca garantizar la imparcialidad y la objetividad del proceso de evaluación de la ley en cuestión.
La Ley de Amnistía y su Impacto Constitucional
Según la Abogacía de la CAIB, la Ley de Amnistía vulnera el principio de separación de poderes al privar a los jueces y tribunales del ejercicio de la potestad jurisdiccional. Además, consideran que la ley permite que las Cortes Generales puedan suplantar al poder judicial en sus funciones, al borrar con efecto retroactivo delitos que fueron aplicados por los tribunales de justicia.
Asimismo, el Govern balear argumenta que la Ley de Amnistía es contraria al principio de interdicción de la arbitrariedad consagrado en la Constitución. A su juicio, la ley vulnera el principio de igualdad del artículo 14 de la Constitución y el artículo 20 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, al reconocer un privilegio a ciertos ciudadanos por el hecho de haber llevado a cabo conductas generadoras de responsabilidad en una comunidad autónoma determinada.
El Govern Balear y su Defensa de la Constitución
El Govern de Baleares considera que los poderes públicos de las Islas tienen la obligación de velar por el cumplimiento de las prescripciones y el espíritu de la Constitución. Por ello, han decidido recurrir contra las leyes del Estado que no sean compatibles con los valores expresados en la Carta Magna.
Esta acción del Govern balear refleja su compromiso con los principios constitucionales y su determinación por preservar el Estado de Derecho. Al interponer este recurso de inconstitucionalidad, la comunidad autónoma de Baleares se posiciona como una voz firme en la defensa de la separación de poderes y la igualdad ante la ley.
