El Gobierno de la Comunidad Autónoma de Cantabria ha presentado este martes un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía recientemente aprobada por el Congreso de los Diputados.
La presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, ha anunciado que esta acción se debe a que dicha ley «vulnera los principios de separación de poderes, seguridad jurídica e igualdad entre españoles». Además, el Ejecutivo cántabro ha solicitado la recusación del presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, y de los magistrados Juan Carlos Campo Moreno y Laura Díez Bueso.
Sáenz de Buruaga ha señalado que, como Gobierno de Cantabria, tienen «la obligación y también el deber moral de actuar para defender el orden constitucional y el interés general. La mandataria autonómica considera que la Ley de Amnistía, «aprobada por Pedro Sánchez a cambio del apoyo de los independentistas a su investidura», es un «misil en la línea de flotación de la democracia y un grave ataque al modelo de convivencia».
En este sentido, ha advertido que «primero fue la Ley de Amnistía, ahora los privilegios económicos unilaterales y lo siguiente será la autodeterminación», por lo que «tenemos que frenarlo«.
ARGUMENTOS DE INCONSTITUCIONALIDAD
En el recurso presentado, el Gobierno de Cantabria plantea que la Ley de Amnistía vulnera el principio de separación de poderes, al «atribuir al legislativo una función, la de otorgar amnistías, que expresamente no le reconoce la Constitución y que es cualitativamente distinta de dictar leyes».
Además, considera que dicha ley «no tiene en cuenta la división de poderes al invadir la potestad jurisdiccional de juzgar y ejecutar lo juzgado, que corresponde en exclusiva a jueces y tribunales, vulnerando el artículo 117 de la CE.
Por otro lado, el Ejecutivo cántabro también apela a la «vulneración del principio de igualdad«, ya que la ley «recoge un trato diferenciado para los que han cometido delitos en el marco del proceso independentista respecto a los que los han cometido al margen del proceso de secesión, y lo justifica en motivos exclusivamente ideológicos».
Asimismo, considera que la Ley de Amnistía «vulnera el principio de seguridad jurídica, ya que, según dicha ley, «si el hecho delictivo se ha cometido con el propósito de promover, reivindicar o procurar la secesión de Cataluña o ha contribuido a esos objetivos, se puede otorgar la amnistía, lo que hace que la ley sea arbitraria y genera distorsiones en el principio de igualdad».
DEFENSA DEL ORDEN CONSTITUCIONAL
Sáenz de Buruaga ha manifestado que el Gobierno autonómico no va «mirar para otro lado» porque «nadie puede estar por encima de la ley ni vender España a cambio de poder«. La líder del Ejecutivo cántabro ha aseverado que van a defender «hasta las últimas consecuencias la igualdad de trato, los derechos y las oportunidades de los cántabros en una España constitucional de ciudadanos libres e iguales». En este sentido, el recurso presentado se suma al que también ha presentado el Parlamento de Cantabria contra la misma norma.
