La descentralización fiscal ha sido un tema recurrente en el debate político español, y el reciente discurso del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha reavivado esta discusión. Al mostrar su apertura a que las comunidades autónomas puedan recaudar más impuestos, Sánchez ha planteado una nueva etapa autonómica que podría tener importantes implicaciones para Aragón.
El Gobierno de Aragón, liderado por Jorge Azcón, ha reaccionado de manera contundente ante las declaraciones de Sánchez, acusándolo de recurrir a la «mentira» para «privilegiar la financiación de Cataluña en detrimento de los servicios públicos de los aragoneses y del resto de los españoles». Esta respuesta refleja la preocupación del Ejecutivo aragonés por las posibles consecuencias de una reforma en el sistema de financiación autonómica.
La Posición del Gobierno de Aragón
El Gobierno de Aragón ha criticado duramente las «declaraciones demagógicas» de Sánchez sobre «ricos y pobres», recordándole que la Comunidad ha deflactado el IRPF, lo que ha supuesto un «alivio» para las clases más modestas y medias ante la subida de la inflación. Algo, señalan, a lo que el gobierno socialista se ha negado hasta ahora.
Además, el Ejecutivo autonómico ha instado a Sánchez a «no mentir» sobre la situación de la dependencia en Aragón, donde, según afirman, la Comunidad es una de las que están «más por debajo de la media española en el tiempo de demora de atención a los dependientes». En este sentido, el Gobierno de Azcón ha destacado que han eliminado obstáculos para limitar la entrada de personas a la atención a la dependencia, lo que ha permitido un 8,3% más de personas atendidas y una entrada en las listas de espera un 33% mayor.
Preocupaciones y Desafíos para Aragón
Para el Gobierno aragonés, resulta «intolerable» que Sánchez «recurra una y otra vez a la demagogia y la mentira» para intentar «ocultar lo que es obvio, que va a romper el sistema fiscal común que recoge la Constitución y sus principios de igualdad y solidaridad para privilegiar a Cataluña con el único objetivo de satisfacer a los independentistas, lo que va a significar menos recursos para los aragoneses y sus servicios públicos e infraestructuras«.
Además, el Ejecutivo se cuestiona cómo será posible que las comunidades tengan más recursos «cuando en el presupuesto de 2025 ya va a haber 200 millones menos para Aragón por el «trato discriminatorio del Estado hacia la Comunidad». Y en este sentido, han destacado que «Aragón está excluido del fondo de compensación entre comunidades al que Sánchez alude engañosamente en sus declaraciones».
En conclusión, la nueva etapa autonómica propuesta por Sánchez ha despertado una fuerte reacción en el Gobierno de Aragón, que teme que esta reforma pueda suponer un detrimento de los servicios públicos y las infraestructuras de la Comunidad en favor de otras regiones, como Cataluña. Esta disputa pone de manifiesto la complejidad de la cuestión territorial y la descentralización fiscal en España, y su impacto en el desarrollo y bienestar de las diferentes comunidades autónomas.
