El Gobierno español se mantiene firme en su posición de aprobar los mismos objetivos de estabilidad y deuda para las administraciones públicas que fueron rechazados en julio por el Congreso de los Diputados. Además, descarta convocar elecciones anticipadas incluso si las Cortes Generales vuelven a tumbar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025.
Fuentes gubernamentales han confirmado la intención del Ejecutivo de presentar los Presupuestos Generales del Estado de 2025 y agotar la legislatura, independientemente de que las cuentas públicas sean o no aprobadas por el Parlamento. En caso de rechazo, el Gobierno podría prorrogar nuevamente las cuentas de 2023 y no estaría obligado a convocar elecciones generales.
Aprobación de Objetivos Fiscales y de Deuda
El próximo martes, el Gobierno volverá a aprobar el límite de gasto no financiero de 2025, conocido como techo de gasto, y los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para el conjunto de las administraciones públicas. Esto dará el pistoletazo de salida para la tramitación de las cuentas públicas de 2025.
Cabe recordar que en julio, el Pleno del Congreso de los Diputados rechazó los objetivos de estabilidad y deuda pública, un paso previo a la aprobación de los Presupuestos. Esto se debió al inesperado voto en contra de Junts. Desde el Ejecutivo esperan poder llegar a acuerdos con este partido y les piden que, en esta ocasión, voten a favor de la senda fiscal, ya que consideran que es «buena» para Cataluña.
El Gobierno insiste en mantener sus objetivos fiscales, que establecen un déficit público del 2,5% en 2025, 2,1% en 2026 y 1,8% en 2027, así como una reducción de la deuda pública por debajo del 100% al final de este periodo. La Administración Central asumirá la mayor parte de la responsabilidad del cumplimiento de estos nuevos objetivos.
Techo de Gasto y Próximos Pasos
Por otro lado, el Gobierno volverá a presentar el límite de gasto no financiero o techo de gasto, que se establece en 199.171 millones de euros incluyendo los fondos procedentes de la Unión Europea. Dentro de este techo de gasto, se incluye una transferencia del Estado a la Seguridad Social por 22.881 millones de euros, un 7% más que en los Presupuestos de 2023.
A pesar del rechazo parlamentario de julio, el Gobierno mantiene su determinación de presentar los Presupuestos Generales del Estado de 2025 y agotar la legislatura, incluso si las Cortes Generales vuelven a tumbar las cuentas públicas. En ese caso, el Ejecutivo podría optar por prorrogar nuevamente las cuentas de 2023, evitando así la convocatoria de elecciones generales.