La Comunidad Valenciana ha impuesto recientemente el cobro de tasas portuarias a las embarcaciones de rescate de migrantes, como el barco ‘Aita Mari’ de la ONG Salvamento Marítimo Humanitario (SMH). Esta medida ha generado gran controversia, pues se considera que afecta la labor humanitaria que realizan estas organizaciones en el Mediterráneo.
Según el manifiesto leído durante la concentración convocada por SMH, esta decisión «pone obstáculos para salvar vidas» y supone un «retroceso en la defensa de los derechos humanos«. La ONG sostiene que, durante los años en los que ha operado, el número total de personas asistidas ronda los 2.000, y que sin su actuación, la cifra de víctimas mortales de la «necropolítica europea» sería «aún mucho mayor, de más de 4.000 personas en 2023».
El Impacto Económico en los Puertos
Más allá del aspecto humanitario, la imposición de estas tasas también tiene un impacto económico en los puertos donde operan las embarcaciones de rescate. Según Anna Agustí, de L’Aurora Grup de Suport, el barco ‘Aita Mari’ ha generado «toda una economía alrededor de nuestros pueblos, a todos los niveles, de proveedores de todo tipo. Restaurantes, estancos, bares y ferreterías se han visto beneficiados por la presencia de este barco en el Puerto de Burriana (Castellón).
Agustí resalta que «Cada barco que sale de aquí sale con toneladas de cosas, de comida y de muchísimo equipamiento«. Por lo tanto, la salida de estas embarcaciones de los puertos valencianos podría tener un impacto negativo en la actividad económica de las comunidades locales.
La Respuesta de las Organizaciones Humanitarias
Las organizaciones humanitarias, como SMH, han criticado fuertemente la liquidación de tasas con efecto retroactivo impuesta por la Generalitat Valenciana. Consideran que las embarcaciones de ayuda humanitaria de las ONG, «legalmente constituidas y sin ánimo de lucro», están «exentas» de ese pago.
El coordinador de SMH, Íñigo Mijangos, ha señalado que los tribunales les «darán la razón», pero mientras tanto, la ONG tiene que pagar las tasas, lo cual supone un «gasto inesperado» y un «quebranto importante» en sus cuentas.
Mijangos también ha advertido sobre la «inseguridad jurídica» que enfrentan, ya que no saben si en el futuro se les seguirán cobrando otras tasas diferentes. Esto ha generado incertidumbre sobre la continuidad de sus operaciones en la Comunidad Valenciana.
En resumen, la imposición de tasas portuarias a las embarcaciones de rescate humanitario en la Comunidad Valenciana ha generado una fuerte reacción de las organizaciones involucradas, quienes consideran que esta medida obstaculiza su labor de salvamento y vulnera los derechos humanos. Además, este cobro también tiene un impacto económico en las comunidades locales que se han beneficiado de la presencia de estos barcos en sus puertos.
