La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, se ha unido a los «barones» territoriales del Partido Popular para hacer frente común contra la «financiación a la carta del independentismo» que, a su juicio, supone «dinamita pura para la solidaridad».
Durante la Cumbre de Presidentes del PP, Buruaga ha exigido que se «pare» el llamado «cupo catalán» pactado entre el PSOE y ERC, y ha reclamado una inyección económica de 18.000 millones de los fondos Next Generation no ejecutados, así como la negociación de la financiación autonómica en foros multilaterales, renunciando a la «bilateralidad tramposa» y las «subastas» del Gobierno de Pedro Sánchez.
La mandataria cántabra ha defendido que los populares son «el dique de contención de la deriva independentista de Pedro Sánchez», apostando por una España constitucional de ciudadanos libres e iguales «frente a los privilegios y la exclusión que una minoría nos pretende imponer».
En este sentido, ha advertido que «todo lo que se aporte de más a un territorio y de menos a la caja común revertirá en una merma de recursos para los demás», lo que supondría «una Cantabria de segunda en una España desmembrada«.
FRENTE COMÚN CONTRA LA «FINANCIACIÓN A LA CARTA»
Los representantes de 14 comunidades y ciudades autónomas, liderados por Buruaga, han dado una respuesta unánime y firme frente a la «financiación a la carta del independentismo». Según la presidenta, Sánchez no ha negociado una financiación «singular», sino «un concierto separatista, un cupo independentista profundamente injusto que discrimina entre españoles de primera y de segunda», y lo ha hecho «sin diálogo y sin consenso, por imposición y por la puerta de atrás».
Para Buruaga, esta maniobra del Gobierno responde a la intención de «vender los intereses de todo un país para alcanzar un Gobierno. En este sentido, ha advertido que «la única forma de garantizar el privilegio fiscal al independentismo es perjudicando al resto de comunidades autónomas, al bienestar del conjunto de los españoles y singularmente, a quienes más necesitan los servicios públicos».
En el caso de Cantabria, que ocupa el primer puesto en el ranking de financiación por habitante, Buruaga ha apuntado que «tan solo la aplicación del principio de ordinalidad puede suponer un hachazo de hasta 600 millones» a los ingresos de la región, lo que tendrá «consecuencias fatales sobre los servicios públicos esenciales.
Por ello, ha manifestado que van a «dar la batalla por la igualdad y la solidaridad» y que no van a «consentir que Cantabria reciba un solo euro menos de lo que necesita porque no queremos una Cantabria de segunda en una España desmembrada».
EXIGENCIA DE MULTILATERALIDAD Y RECHAZO A LA BILATERALIDAD
La presidenta regional ha recordado que llevan reclamando «meses» la Conferencia de Presidentes, donde «se deberían sentar las bases de un consenso» y de la que a día de hoy no saben «nada», ni siquiera como comunidad autónoma anfitriona. En este sentido, ha explicado que desde su investidura tiene solicitada una reunión con Sánchez para trasladarle la agenda de reivindicaciones y la «larga lista de asignaturas pendientes» con la región.
Buruaga ha insistido en que «en ningún caso» se va a sentar a negociar «de manera bilateral» cualquier cuestión relacionada con el sistema de financiación autonómica, que es, a su juicio, «un asunto que exige una mesa a 17, exige multilateralidad«. «Lo que es de todos se debe decidir entre todos y no entre dos», ha recalcado la presidenta, que ha vuelto a negarse a «que Cantabria tenga que pagar con un solo euro las facturas de Pedro Sánchez».
En definitiva, la presidenta de Cantabria ha dejado claro que defenderá una «Cantabria de primera» en todas las instancias y «con todas las consecuencias«, rechazando que su región se vea perjudicada por una financiación «a la carta» que sólo beneficia al independentismo.
