En un movimiento sin precedentes, más de 30 expresidentes de América Latina y España, incluyendo figuras destacadas como José María Aznar, Felipe González y Mariano Rajoy, han presentado un escrito ante la fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) con el objetivo de solicitar la «urgente» detención del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y del nuevo ministro del Interior, Diosdado Cabello, por presuntos crímenes contra la humanidad.
La iniciativa ha sido liderada por el exmandatario colombiano Andrés Pastrana, quien ha entregado la petición en nombre de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA-Democrática). Según Pastrana, la organización ha decidido actuar atendiendo a un «deber moral» y por «convicciones democráticas».
La Acusación: Venezuela, un «Estado Militar Represor»
En el documento presentado ante el TPI, los expresidentes buscan demostrar que Venezuela es un «Estado militar represor» que ejerce un «terrorismo de Estado«, tal como ha explicado Pastrana en un vídeo divulgado en redes sociales. La acusación señala directamente a Maduro, Cabello y la «cadena de mando» que orquesta y permite las presuntas violaciones de los Derechos Humanos en el país.
Los exmandatarios han abogado por la «urgente intervención» del fiscal jefe del TPI, Karim Khan, para que solicite la detención de los principales líderes chavistas. Cabe destacar que la Fiscalía ya abrió en 2021 una investigación preliminar sobre posibles abusos en Venezuela a raíz precisamente de una petición de un grupo de países latinoamericanos.
Venezuela y el Estatuto de Roma: Una Relación Compleja
Venezuela ratificó el Estatuto de Roma en junio del año 2000, lo que significa que, en teoría, debe someterse a la soberanía del tribunal con sede en La Haya. Sin embargo, el Gobierno de Maduro ha cuestionado durante estos últimos años las pesquisas abiertas, alegando entre otras cosas que no ha habido abusos generalizados y que hay procedimientos de rendición de cuentas ya en marcha en el país sudamericano.
Esta iniciativa de los expresidentes representa un desafío significativo para el Gobierno venezolano, al tiempo que pone en el centro de atención internacional las preocupaciones sobre los presuntos abusos y violaciones de derechos humanos en el país. El Tribunal Penal Internacional se enfrenta ahora a la delicada tarea de evaluar las acusaciones y determinar si procede a la solicitud de detención de Maduro y Cabello.
