La Audiencia Nacional ha planteado una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la aplicabilidad de la Ley de Amnistía española a los delitos de terrorismo atribuidos a miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR). Este paso refleja las profundas preocupaciones de los magistrados sobre el potencial conflicto entre esta ley y el Derecho Comunitario.
La Amnistía: ¿Un Mensaje de Impunidad?
Los magistrados señalan que aplicar la Ley de Amnistía a los miembros de los CDR «supone enviar un mensaje hacia el futuro (…) en el sentido de que los delitos de terrorismo pueden ser perdonados cuando la intencionalidad de los mismos esté en línea con los intereses políticos de quien dicta la ley de amnistía». Esta inquietud se fundamenta en la posible colisión entre la norma española y la Directiva Europea 2017/541 sobre la lucha contra el terrorismo, que establece penas específicas por la participación en organizaciones terroristas, independientemente de que se cometan otros delitos.
Dudas sobre la Seguridad Jurídica
Además, la Sala considera que la Ley de Amnistía genera dudas sobre el principio de seguridad jurídica. Por un lado, la norma no define claramente qué actos constituyen «graves violaciones de derechos humanos», lo que puede dar lugar a interpretaciones ambiguas. Por otro lado, el tribunal cuestiona el criterio de amnistiar delitos de terrorismo en función del «contexto» del «proceso independentista catalán», argumentando que esto podría entrar en conflicto con la libertad ideológica y dar un trato discriminatorio a quienes cometan actos similares por otras ideologías.
¿Garantía de Impunidad o Amenaza a la Unión Europea?
Finalmente, la Sala afirma que la Ley de Amnistía tiene como finalidad «garantizar la impunidad», lo que contrasta con la obligación de los Estados miembro, establecida en la Directiva Europea, de asegurar sanciones penales efectivas, proporcionales y disuasorias para los delitos de terrorismo. Los magistrados consideran que esta ley puede privar al Código Penal y a la Directiva de todo efecto disuasorio, e incluso suponer «un favorecimiento de conductas terroristas», yendo en contra de los principios fundamentales del Derecho de la Unión Europea.
En resumen, la Audiencia Nacional ha planteado una cuestión prejudicial al TJUE ante las serias dudas sobre la compatibilidad de la Ley de Amnistía española con el Derecho Comunitario. Las preocupaciones giran en torno a la posible vulneración de la seguridad jurídica, la libertad ideológica y los principios de primacía y cooperación leal, así como el riesgo de generar impunidad y favorecer conductas terroristas, lo que pone en entredicho la integridad del espacio de libertad, seguridad y justicia de la Unión Europea.
