La localidad de Lora del Río ha enfrentado recientemente nuevos episodios de turbidez y contaminación del agua, lo que ha llevado a la declaración de no potabilidad del recurso y una situación de emergencia no catastrófica. Ante esta problemática recurrente, las administraciones públicas involucradas han entrado en un cruce de acusaciones sobre las responsabilidades y las posibles soluciones.
El diputado provincial de Servicios Públicos Supramunicipales, Gonzalo Domínguez, ha respondido a las declaraciones del alcalde de Lora del Río, Antonio Enamorado, afirmando que las competencias de gestión del agua recaen en el Ayuntamiento. Domínguez ha instado al alcalde a «dejar de enfangar» y ha garantizado el «acompañamiento» de la Diputación al municipio para resolver los problemas de suministro.
La Diputación ofrece apoyo económico, pero la responsabilidad es municipal
Según Domínguez, la Diputación puso «tres millones de euros» sobre la mesa en una resolución para ayudar al Ayuntamiento, pero con la aclaración de que, al levantarse las declaraciones de no potabilidad y emergencia no catastrófica, «decayó el procedimiento de emergencia» y la Diputación ya no podía «trabajar en ese procedimiento» de forma urgente, por lo que optó por una tramitación «ordinaria».
Por su parte, el Javier Fernández, representante de la Diputación, ha señalado que las competencias sobre agua las ostenta el Consistorio, que los técnicos provinciales «dicen que hay que hacer una depuradora nueva» pero la decisión corresponde al Gobierno local, al que ha instado a actuar. No obstante, Fernández ha asegurado que la Diputación colaborará económicamente con ese proyecto y prevé ya mejoras en la actual depuradora.
El Ayuntamiento culpa a la gestión privada anterior y al partido gobernante
En este contexto, el alcalde de Lora del Río, Antonio Enamorado, ha acusado a Fernández de «hacer política con la situación del agua» y de «culpar al equipo de Gobierno de la situación, ofreciendo datos engañosos o erróneos«. Enamorado ha esgrimido que «hasta 2022 la gestión estaba en manos de una entidad privada (Aqualia), y durante el año 2023 fue el partido del presidente el que gobernó once meses el Consistorio y no realizó ninguna inversión.
La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), por su parte, ha alegado que «no está comprobado que el movimiento de las aguas dentro del embalse sea la causa de los incrementos de los niveles de manganeso» que afectan al abastecimiento, y ha advertido que el Ayuntamiento debería invertir en reforzar su planta de tratamiento, «lo que es una competencia exclusivamente municipal», para solucionar «de una forma definitiva» el problema.
En resumen, la recurrente problemática del agua en Lora del Río ha desencadenado un intenso cruce de acusaciones entre las distintas administraciones involucradas, mientras que la Diputación Provincial ofrece su apoyo económico y acompañamiento al Ayuntamiento, que mantiene la responsabilidad principal sobre la gestión y solución del abastecimiento.
