La promulgación de la Ley Trans ha sido un hito histórico en la defensa de los derechos de las personas LGTBI+ en España. Sin embargo, algunos sectores han intentado desprestigiar esta ley y generar alarma social, alegando supuestos casos de fraude por parte de agresores que buscarían eludir condenas por violencia de género.
En este contexto, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha comparecido en la Comisión de Igualdad del Congreso para abordar esta problemática y reafirmar el compromiso del Gobierno con la protección de los derechos de este colectivo.
La Aplicación Correcta de la Ley Trans
Redondo ha asegurado que existen instrumentos normativos suficientes que permiten garantizar la aplicación correcta de la Ley Trans en la inmensa mayoría de los casos. Ha explicado que, aunque un agresor cambie de sexo en el Registro Civil, no podrá evadir su responsabilidad por los delitos de violencia de género cometidos.
La ministra ha señalado que el «problema» no es la ley en sí, sino quienes abusan de ella. Ha advertido a estos «individuos» y a quienes los alientan, que se enfrentarán no solo a los delitos derivados de sus actitudes violentas, sino también al fraude de ley, que está prohibido por el Código Civil.
El Trabajo de los Registros Civiles
Redondo ha informado que se han solicitado un total de 5.900 cambios registrales de sexo, de los cuales 85 han sido denegados, 8 solicitantes han desistido y en 5 casos ha caducado el expediente. Ha defendido que los encargados del registro hacen bien su trabajo y que cuando detectan irregularidades o sospechan la existencia de fraude o abuso del derecho, deniegan la inscripción.
La ministra ha acusado a «organizaciones que con la clara estrategia de poner en cuestión la ley, tratan de promover el fraude», así como a hombres que se prestan a interpretar este sainete. Ha tildado de «inhumanas y antidemocráticas» las actitudes que contribuyen a «seguir juzgando, arrinconando y perjudicando a un colectivo extremadamente vulnerable e históricamente indefenso como el que constituyen las personas trans».
El Compromiso del Gobierno con la Ley Trans
Finalmente, Redondo ha hecho un llamamiento a la «responsabilidad» y ha pedido concentrar esfuerzos para «luchar contra el alarmismo, la crispación y seguir mejorando en colaboración y en consensos», con el objetivo de ensanchar los derechos de las mujeres y las personas LGTBI+.
La ministra ha recalcado que si hay fraude en la aplicación de la ley, «se detecta, se denuncia y se interviene», como se hace con respecto a cualquier otra ley. Ha enfatizado que a nadie se le ocurriría pedir la modificación o derogación de leyes por el simple hecho de que se produzcan abusos.
En resumen, la Ley Trans ha supuesto un avance significativo en la defensa de los derechos de las personas LGTBI+ en España. Aunque existen casos aislados de presunto fraude, el Gobierno, a través de la ministra de Igualdad, ha reafirmado su compromiso con la correcta aplicación de esta ley y la protección de este colectivo vulnerable e históricamente discriminado.
