En un movimiento que evidencia su determinación por obtener respuestas, el Partido Popular (PP) ha implementado una estrategia agresiva en la comisión de investigación del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en el Senado. Con su mayoría absoluta, los populares han diseñado un plan de trabajo minucioso, convocando a altos cargos del Gobierno y del propio CIS a comparecer ante esta comisión.
La comisión, presidida por el senador murciano del PP Antonio Luengo, se ha propuesto analizar exhaustivamente la gestión y las operaciones del CIS, una entidad clave en la investigación sociológica del país. Desde la composición del Consejo Asesor hasta los detalles financieros, el PP ha desplegado una estrategia de escrutinio riguroso, solicitando información detallada sobre contratos, facturas y ejecución presupuestaria.
Formato de Comparecencias: Un Enfoque Estratégico
El PP ha establecido un formato específico para las comparecencias en la comisión. Para los miembros del Gobierno y del CIS, se ha optado por un esquema de interrogatorio, con un límite de 50 minutos por grupo. En el caso de los analistas políticos y expertos sociológicos, se ha dado un margen de 30 minutos para la exposición inicial, seguida de una intervención de 10 minutos por cada grupo.
Esta estructura refleja la determinación del PP por obtener respuestas concretas y exhaustivas de los comparecientes, especialmente en lo que respecta al ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, y al presidente del CIS, José Félix Tezanos. Asimismo, la comisión ha convocado a otros altos cargos del organismo, como el jefe de gabinete de Tezanos, los secretarios generales y los responsables financieros y de recursos humanos.
Desafío a la Legitimidad del Gobierno
La posición del Partido Socialista (PSOE) en esta comisión ha sido criticada por el portavoz socialista, Javier Izquierdo, quien considera que el PP ya ha «escrito las resoluciones» de antemano. Izquierdo ha calificado la comisión como una pérdida de tiempo y de dinero de los españoles, argumentando que el verdadero objetivo es cuestionar la legitimidad del Gobierno para realizar los nombramientos que la ley le permite.
A pesar de las objeciones del PSOE, el PP ha logrado incluir en el plan de trabajo a dos comparecientes propuestos por los socialistas: la exdiputada socialista Inés Alberdi y el catedrático Pablo Oñate. Esta decisión refleja la determinación del PP por abarcar una amplia gama de perspectivas en la investigación.
En resumen, la comisión de investigación del CIS se ha convertido en un campo de batalla político, donde el PP, con su mayoría absoluta en el Senado, ha diseñado una estrategia exhaustiva para escrutar la gestión y las operaciones de esta influyente entidad. La intención parece ser poner en duda la legitimidad del Gobierno y sus nombramientos, mientras que el PSOE acusa al PP de haber prejuzgado los resultados de la investigación.
