La Audiencia Nacional juzga este jueves a Gaizka Astorquizaga, alias ‘Fito‘, y a otras dos personas por un ataque con un objeto incendiario a una sucursal de Kutxabank en Ea (Vizcaya) en 2020. La Fiscalía solicita para ‘Fito’ 18 años de cárcel por un presunto delito de incendio terrorista con la agravante de reincidencia, al considerar que el objetivo del ataque era «generar terror entre la población y reivindicar la situación de los presos de la organización terrorista ETA».
‘Fito’, con un historial delictivo previo por colocación de explosivos, ya fue condenado a 6 años de cárcel en 2011 por un ataque similar en Bilbao. Aunque el Tribunal Supremo le rebajó la pena a 4 años al no llegar a estallar el artefacto, esta condena previa podría jugar en su contra en el presente juicio.
Junto a ‘Fito’ también se sientan en el banquillo de los acusados Aroa Eguia y Ander Izaguirre, para quienes la Fiscalía pide 16 años de cárcel por el mismo delito. El Ministerio Público solicita además que los tres acusados indemnicen conjuntamente a la entidad bancaria con 64.531 euros por los daños causados en la sucursal.
El ataque, reivindicado por el movimiento ‘ATA’
El ataque, perpetrado sobre las 23:55 horas del 13 de mayo de 2020, se inició con la pintada del nombre del etarra Patxi Ruiz en la puerta de la sucursal. Tras golpear con una maza el cajero automático, los asaltantes prendieron fuego al mismo, lo que provocó un incendio que se extendió por toda la fachada del edificio.
La rápida intervención de los bomberos, alertados por la policía que se personó en el lugar diez minutos después, evitó males mayores. Sin embargo, los daños materiales fueron considerables, lo que justifica la elevada cuantía de la indemnización solicitada por la Fiscalía.
El ataque fue reivindicado poco después por el grupo autodenominado ‘Amnistía Ta Askatasuna (ATA)‘, posteriormente conocido como ‘Movimiento a favor de la amnistía y contra la represión‘. Esta organización, surgida tras el cese definitivo de la actividad armada de ETA en 2011, se caracterizó por su disidencia con la estrategia oficial de la izquierda abertzale y por llevar a cabo una serie de actos violentos y sabotajes entre 2017 y 2020 con el objetivo de presionar por la liberación de los presos de ETA.
La Fiscalía, en su escrito de acusación, destaca que ATA reivindicaba sus acciones «tanto en el lugar de los hechos mediante pasquines o con pintadas, como posteriormente por medio de comunicados remitidos a medios de comunicación, justificándolos por la situación de los presos» etarras.
