En un llamado de atención urgente, un total de 40 organizaciones sociales y ambientales han lamentado que alrededor de mil «temporeros» migrantes han pasado el verano «sin agua» en los asentamientos de chabolas en la provincia de Huelva. Estas organizaciones critican duramente que las administraciones públicas «no han respondido al llamamiento de los colectivos sociales» que solicitaron su intervención para solucionar este problema.
Según señala Ecologistas en Acción, las organizaciones denuncian el «racismo institucional» y han exigido a las administraciones locales, autonómicas y estatales el «empadronamiento y regularización de las personas trabajadoras» así como la creación de una mesa de trabajo de «emergencia» que «ponga fin a los problemas de agua, basuras e incendios».
Condiciones Inhumanas en los Asentamientos
Los colectivos indican que en la provincia de Huelva existen «unos 40 asentamientos«, donde «llegan a vivir más de 4.000 personas jornaleras en la época de la campaña de recogida de la fresa» y denuncian «el abandono por parte de las distintas administraciones competentes«.
Las condiciones de vida de estos asentamientos «atentan contra la salud y la vida de las personas que los habitan«: los incendios son continuos ya que los materiales de construcción de las chabolas son altamente inflamables; los trabajadores viven «rodeados de basura, roedores, mosquitos y culebras«; y para conseguir agua o llegar a un centro de salud hay que recorrer «kilómetros en bicicleta o andando.
Ante esta situación, las organizaciones sociales critican la «inacción» de «todas las administraciones« y señalan que «lejos de los anuncios que viene realizando en los últimos meses la consejera de Inclusión Social de la Junta de Andalucía, Loles López, en torno Plan Easen para erradicación de los asentamientos, la realidad sobre el terreno muestra una situación de emergencia que únicamente está siendo atendida por asociaciones como La Carpa con personas voluntarias».
Llamado a la Acción Inmediata
Las organizaciones lamentan «la falta de avances significativos en la implementación del Marco de Actuaciones socioeconómicas del entorno de Doñana» coordinado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que establece la mejora de las condiciones de vida y habitabilidad de vivienda de los temporeros agrícolas.
Asimismo, denuncian que «ni las Administraciones locales de Lepe, Palos de la Frontera, Moguer y Lucena del Puerto, municipios donde se encuentran situados los asentamientos y, por tanto, las más cercanas a los mismos, han puesto en marcha acciones significativas para mejorar las condiciones de vida de las personas temporeras». De hecho, «los alcaldes se niegan a empadronar y, por tanto, a reconocer a estas personas como ciudadanas y ciudadanos de esos municipios, contraviniendo con ello la legalidad«.
Ante esta situación de emergencia humanitaria, las organizaciones reclaman la creación de una mesa de trabajo específica coordinada por la Oficina Técnica de Doñana y «la intervención de urgencia para asegurar el acceso a agua potable y retirada de residuos del entorno de los asentamientos«. Además, exigen a las administraciones que dejen de ignorar a esta población vulnerable y atiendan sus necesidades básicas con la máxima urgencia.
