La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha respondido enfáticamente a las declaraciones del presidente de Canarias y líder de Coalición Canaria, Fernando Clavijo. Saiz ha señalado que Clavijo debe dirigir sus solicitudes de explicación a su socio de gobierno, el Partido Popular (PP), en Canarias, ya que este partido «negó ni siquiera una toma en consideración de una ley que daba respuesta precisamente a una demanda y a una situación de presión en ese territorio».
La ministra ha resaltado que cuando el PP tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería, que buscaba poner en el centro la «solidaridad obligatoria para la acogida de los niños y las niñas migrantes que vienen a nuestro país», optó por «acallar sus voces y negarse a esa toma en consideración para la que iba a dar respuesta y que iba a aliviar a esos territorios».
Una Reforma Integral Necesaria
La propuesta de reforma del artículo 35 de la ley de extranjería, según la ministra Saiz, tenía como objetivo principal brindar una respuesta efectiva a las demandas y la situación de presión que enfrentan determinados territorios, como Canarias, ante los flujos migratorios. Esta modificación legal buscaba establecer un mecanismo de solidaridad obligatoria para la acogida de los menores migrantes que llegan a nuestro país.
Lamentablemente, el Partido Popular, socio de gobierno de Coalición Canaria en Canarias, se negó a siquiera considerar esta propuesta de ley. Según Saiz, esta actitud contrasta con el llamado del Gobierno central a mantener «la mano tendida» y a exigir que el PP explique a la ciudadanía por qué, compartiendo un gobierno regional con Coalición Canaria, «se niega siquiera a abrir un debate y a tomar en consideración esa modificación de ley que iba a dar respuesta y que iba a aliviar sin duda alguna a esos territorios».
El Papel de las Comunidades Autónomas
La ministra ha subrayado que la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería era una competencia de las comunidades autónomas, lo que demuestra la importancia de contar con el apoyo y la cooperación de los gobiernos regionales para abordar de manera integral los desafíos asociados a los flujos migratorios.
El rechazo del Partido Popular a considerar esta propuesta de ley pone de manifiesto la falta de voluntad política para implementar soluciones que brinden un apoyo efectivo a las comunidades más afectadas por la migración. Esto se traduce en la inacción de las autoridades ante una situación que requiere una respuesta coordinada y solidaria.
La ministra Elma Saiz ha dejado claro que el Gobierno central mantiene su compromiso de trabajar de manera colaborativa con las comunidades autónomas para encontrar soluciones duraderas y justas que aborden los desafíos de la migración. Sin embargo, la negativa del PP a siquiera debatir una propuesta que podría aliviar la presión en territorios como Canarias es un obstáculo que debe ser superado en aras de una verdadera solidaridad y responsabilidad compartida.
