La región de Castilla y León se encuentra en el centro de un debate sobre el futuro del transporte público en España. Por un lado, el Gobierno central aboga por una mayor apuesta por el transporte público y una reducción del uso de vehículos privados de lujo. Por otro lado, la Junta de Castilla y León se opone firmemente a los planes del Ejecutivo de cerrar tramos de carreteras y paradas de autobuses en la región.
El Gobierno Central y sus Promesas Contradictorias
El portavoz y consejero de Economía y Hacienda de la Junta, el ‘popular’ Carlos Fernández Carriedo, ha criticado duramente las propuestas del Gobierno central. Carriedo considera «incoherente» que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abogue por «más transporte público y menos Lamborghinis» mientras que pretende «cerrar tramos de transporte público y paradas de autobuses en la región».
De hecho, Carriedo ha ironizado que «en Castilla y León en el año 2023 no se vendió ningún Lamborghini y sin embargo el gobierno está hablando de cerrar tramos de transporte público».
La Posición de la Junta de Castilla y León
La Junta de Castilla y León se ha opuesto firmemente a los planes del Gobierno central de cerrar tramos de carreteras y transporte público en la región. Carriedo ha dejado claro que «nosotros no queremos que se cierre ningún tramo en Castilla y León» y que, por lo tanto, no están dispuestos a negociar una compensación económica por dichos cierres. Según Carriedo, «esta idea del Gobierno de decir con cuánto hay que compensar por cerrar tramos no tiene sentido porque nosotros no queremos que se cierre ningún tramo».
El Futuro del Transporte Público en Castilla y León
La situación actual refleja una clara división entre las políticas del Gobierno central y las prioridades de la Junta de Castilla y León. Mientras que el Ejecutivo nacional aboga por una mayor promoción del transporte público, sus acciones parecen ir en dirección contraria al querer cerrar tramos y paradas en la región. Carriedo ha cuestionado abiertamente esta aparente contradicción, preguntándose «¿De qué estamos hablando, de mejorar el transporte público o de cerrarlo?». La resolución de este conflicto será fundamental para determinar el futuro del transporte público en Castilla y León.
