El 29 de agosto se agotó el tiempo para que el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela publicará los resultados electorales de las elecciones presidenciales del 28 de julio. El no publicar los resultados, según el CNE y el régimen liderado por Nicolás Maduro debido a un hackeo organizado por la oposición y ejecutados desde Macedonia del Norte del que tampoco han presentado pruebas, el órgano electoral no solo viola la ley, sino que aumenta las dudas de sus aliados y da todavía más validez de cara a la opinión pública a las actas compartidas por la oposición tras la labor de los testigos de resguardarlas durante el día de la elección.
Esto deja la legitimidad de la ya evidente dictadura de Nicolás Maduro, herida de muerte. Lo cierto es que a pesar de los intentos del régimen de normalizar la situación y sus relaciones internacionales, esto parece complicado, ayer el trío de presidentes de izquierda de la región, Gustavo Petro de Colombia, Lula Da Silva de Brasil y Andrés López Obrador de México anunciaron que volverían a reunirse para abordar la situación y Estados Unidos ha dejado clara su disposición de aumentar la presión confiscando el avión presidencial del líder del régimen y con su embajadora en Honduras describiendo al ministro de defensa venezolano, Vladimir Padrino Lopéz, como un «narcotraficante».
En esa situación es difícil predecir qué ocurrirá en el país latinoamericano. El propio régimen ha decidido aumentar los niveles de represión desde las elecciones, lleva más de 2000 detenciones arbitrarias, según presume el propio Maduro y hay denuncias de que muchas de ellas se trata de niños y adolescentes que además han sido torturados. Pero no solo son ciudadanos de a pie, el régimen ha emitido una orden de captura contra el candidato de la oposición, Edmundo González Urrutia, y ha perseguido al círculo cercano de la líder opositora, María Corina Machado.
Es que en el caso de Machado, que no pudo ser la candidata de la oposición por una inhabilitación de 15 años a ejercer cargo público por unos supuestos actos terroristas para los que no han presentado pruebas, tanto su abogado, Perkins Rocha, como varios miembros de su organización política, Vente Venezuela, están detenidos sin más explicación que una declaración pública argumentando que están implicados en actos terroristas, de nuevo sin pruebas, y encerrados en el Helicoide.
SIGUEN SIN HABER PRUEBAS DE LA VICTORIA ELECTORAL DE MADURO
Aunque el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha asegurado que el resultado correcto es el anunciado por el CNE lo cierto es que es otro organismo controlado por el chavismo, su Magistrada Presidenta, y presidenta de la sala electoral, Caryslia Rodríguez, fue miembro del partido de Gobierno, y hay videos suyos hablando a favor del gobierno actual. En cualquier caso, incluso ignorando la cercanía de la institución al régimen, no han mostrado ninguna de las pruebas que usaron para confirmar el supuesto resultado.
Lo cierto es que la decisión del TSJ está siendo la excusa del régimen, y de varios de sus aliados internacionales, como los gobiernos de Nicaragua, Cuba o China, para defender su supuesta victoria.
En cualquier caso, como lo señala un usuario de X, la red social antes conocida como Twitter, el no presentar los resultados desglosados y además pedir que encierren al otro candidato no hace ver al gobierno como un ganador. Mientras tanto, sus relaciones internacionales están cada día peor y ya han roto de forma unilateral sus relaciones con países como Chile o Perú. De momento el caso de Brasil, Colombia y México es especial, pues estos Gobiernos han intentado mantener la neutralidad sin romper el puente diplomático con el régimen.
MADURO Y SU RÉGIMEN SIGUEN ATRINCHERADOS
De momento, la oposición sigue buscando estrategias para hacer presión interna, mientras el gobierno no es capaz de quitarse de encima la presión internacional. Ayer mismo, Estados Unidos decidió mantener esa presión tras incautar uno de los aviones usados por el líder del régimen y se espera que aparezcan más sanciones individuales en los próximos días.
Por su lado el Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, ha expresado este martes su «rechazo categórico» a la orden de detención en Venezuela contra el candidato opositor venezolano Edmundo González Urrutia, al que la Fiscalía venezolana achaca cinco supuestos delitos relacionados con las elecciones presidenciales. «Basta de represión y acoso a la oposición y la sociedad civil. La voluntad del pueblo venezolano debe ser respetada», ha afirmado en un mensaje en redes sociales.
Mientras tanto, a lo interno la violencia se mantiene. Los periodistas venezolanos explican que debe borrar información de su teléfono de forma constante para evitar la revisión de los mismos por los policías, y el total de presos por protestar sigue creciendo, incluso sin convocatorias de la oposición, es un momento alarmante, que avisa de la disposición del Gobierno de aguantar en el cargo a cualquier precio.
