La Comunidad Valenciana se encuentra en una encrucijada en materia hídrica. Por un lado, el Gobierno autonómico, encabezado por el ‘president’ Carlos Mazón, ha anunciado una importante inversión para mejorar la infraestructura del trasvase Júcar-Vinalopó, una obra estratégica para la región. Por otro lado, Mazón ha acusado al Gobierno central de «paralizar» otras obras clave, como la modernización de la balsa de San Diego en Villena, evidenciando una preocupante «deuda del agua» que se suma a otros conflictos de financiación.
La Comunidad Valenciana lidera la reutilización y modernización de regadíos
El jefe del Consell ha destacado el compromiso de la Generalitat con el sector agrícola, uno de los «ejes prioritarios de acción». En este sentido, ha subrayado la puesta en marcha «en tiempo récord» de los tramos I y II del postrasvase Júcar-Vinalopó, con una inversión conjunta de 33 millones de euros para mejorar los sistemas de riego de 30.000 hectáreas. Además, ha enumerado otras medidas de apoyo, como la ampliación de las ayudas para el fomento del uso racional del agua, la mayor inversión en sistemas de depuración o el aumento de la dotación autonómica a los seguros agrarios.
Una alianza histórica en defensa del agua
Mazón ha vuelto a reivindicar «el agua que nos corresponde del trasvase Tajo-Segura», cuyo caudal ha sido recortado en repetidas ocasiones. En este contexto, ha lamentado que el Gobierno central «haya creado una deuda del agua con la Comunidad Valenciana» y ha defendido un «reparto hídrico desde el rigor y la objetividad» frente a enfoques «ideológicos o electoralistas.
Para ello, la Comunidad Valenciana se ha aliado con la Región de Murcia, Andalucía y la Comunidad de Madrid para presentar, de manera conjunta y coordinada, alegaciones a las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, una «alianza histórica que representa a más de 23 millones de españoles.
En resumen, la Comunidad Valenciana se muestra decidida a impulsar la mejora de sus infraestructuras hídricas y a reivindicar su justo derecho al agua, enfrentándose a una «deuda del agua» que, según Mazón, se ha generado desde el Gobierno central. Esta lucha por el recurso hídrico se enmarca en una estrategia de alianzas con otras regiones afectadas, demostrando la relevancia de esta cuestión para el futuro socioeconómico de la Comunidad Valenciana.
