La inversión extranjera en empresas españolas de sectores estratégicos ha sido un tema de gran relevancia en los últimos meses, especialmente después de que el Gobierno rechazara la OPA de la compañía húngara Magyar Vagon sobre Talgo. En este contexto, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha abordado recientemente la propuesta de inversión de la teleco saudí STC en Telefónica, manteniendo una postura cautelosa pero firme en la defensa de los intereses nacionales.
El Gobierno español, consciente de la importancia de atraer inversión extranjera, se ha mostrado abierto a la llegada de nuevos capitales. Sin embargo, como ha señalado Hereu, esta apertura debe ser compatible con la preservación de la autonomía estratégica de los sectores clave de la economía. Esta postura se enmarca en una «doctrina europea» que busca equilibrar los beneficios de la inversión extranjera con la protección de los intereses nacionales.
La Propuesta de Inversión de STC en Telefónica
La teleco saudí STC, que pertenece en un 64% al fondo soberano saudí (Public Investment Fund, PIF), adquirió sorpresivamente el pasado mes de septiembre de 2023 un 9,9% del capital de Telefónica, con un 4,9% en acciones directas y un 5% en derivados financieros. Esta operación, valorada en 2.100 millones de euros, ha generado diversos cambios en la composición accionarial de la empresa española.
Para hacer efectivo el 5% que tiene en derivados financieros, STC debe remitir al Ejecutivo una carta en la que detalle sus intenciones en Telefónica, como por ejemplo, si desea tener un asiento en el consejo de administración de la compañía. Esta solicitud se enmarca en el contexto de cambios que ha experimentado la estructura accionarial de Telefónica en los últimos meses, con la entrada de nuevos inversores como la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y CriteriaCaixa, que ha incrementado su participación.
La Posición del Gobierno Español
El ministro Jordi Hereu ha evitado pronunciarse sobre el plazo de inversión de STC en Telefónica, pero ha reconocido que el Gobierno «seguirá trabajando» en la propuesta. Esta postura cautelosa refleja la necesidad de evaluar cuidadosamente la inversión extranjera en sectores estratégicos como las telecomunicaciones, buscando un equilibrio entre la apertura a la inversión y la defensa de los intereses nacionales.
Hereu ha recalcado que la decisión de rechazar la OPA de Talgo por parte de la compañía húngara Magyar Vagon se enmarca dentro de esta «doctrina europea» que busca preservar la autonomía estratégica de los sectores clave. El Gobierno español, por lo tanto, mantendrá una vigilancia constante sobre la propuesta de STC, con el objetivo de proteger los intereses económicos y de seguridad nacional.
En este sentido, la entrada de la SEPI en el capital de Telefónica y la presencia de un representante del Gobierno en el consejo de administración de la empresa, con la llegada de Carlos Ocaña Orbis, son claras muestras de la estrategia del Ejecutivo para mantener un control y una influencia sobre las decisiones clave de este actor económico fundamental para la economía española.
