En un momento de intensa crisis migratoria en las Islas Canarias, el presidente del Gobierno regional, Fernando Clavijo, ha anunciado que su administración emprenderá acciones jurídicas contra el Ejecutivo nacional por lo que considera un «abandono» del Archipiélago en esta materia. Esta declaración pone de manifiesto una profunda tensión entre las competencias autonómicas y las del Estado, con implicaciones más allá de la mera cuestión económica.
Clavijo ha convocado al Consejo de Gobierno para definir la estrategia legal que seguirá la comunidad autónoma, dejando entrever que podrían cuestionar las competencias del Gobierno central sobre la tutela de los menores migrantes. Esta posición refleja la complejidad del reto al que se enfrentan las autoridades canarias, obligadas a asumir una responsabilidad que, a su juicio, debería recaer en mayor medida sobre el Estado.
El Desgaste Económico de la Crisis Migratoria
La crisis migratoria ha representado un enorme desafío financiero para las arcas canarias. Clavijo ha señalado que la comunidad autónoma ha gastado más de 150 millones de euros en atender a esta emergencia, una cantidad que, a su juicio, debería ser asumida por el Gobierno central. Esto pone de manifiesto la necesidad de una solución integral que alivie la carga económica que recae sobre Canarias.
El presidente canario ha solicitado que se concrete un acuerdo para reubicar a los menores migrantes en el resto del territorio nacional, con el fin de recuperar la normalidad en los recursos de atención a menores, que actualmente superan el 200% de su capacidad. Esta medida podría ser clave para reducir la presión sobre los sistemas de la comunidad autónoma.
Además, Clavijo ha denunciado que el Gobierno central ha ejercido «presiones y amenazas» sobre algunas organizaciones no gubernamentales que brindan asistencia a los menores, instándolas a seguir acogiendo a más jóvenes a pesar de la saturación de los recursos. Esta situación pone de manifiesto la complejidad de las relaciones entre las distintas administraciones implicadas en la gestión de la crisis migratoria.
El Cuestionamiento de las Competencias Autonómicas
Clavijo ha sido claro al señalar que Canarias ha asumido la tutela de los menores migrantes en una situación de emergencia, dando a entender que su Ejecutivo podría cuestionar que sea la comunidad autónoma la que deba hacerse cargo de estas competencias. Esta posición refleja la tensión entre las administraciones y la necesidad de una definición más clara de las responsabilidades en materia de migración.
El presidente canario ha advertido que, de no haber «lealtad y compromiso» por parte del Gobierno de España, su administración estará dispuesta a «ponerse en su sitio». Esta declaración sugiere que Canarias podría estar dispuesta a emprender acciones legales para defender su posición y sus intereses en esta crisis migratoria.
En resumen, la tensión entre el Gobierno de Canarias y el Ejecutivo nacional en torno a la crisis migratoria ha alcanzado un punto crítico. La amenaza de acciones jurídicas por parte de la comunidad autónoma, así como el cuestionamiento de las competencias autonómicas sobre la tutela de los menores migrantes, ponen de manifiesto la necesidad de una solución coordinada y consensuada que permita abordar este reto de manera efectiva y equitativa.
