El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que si llega a La Moncloa derogará el «cupo separatista» porque es un «desafío histórico» contra la igualdad de los españoles. Además, ha garantizado que ninguna comunidad autónoma gobernada por su partido asumirá esa «bilateralidad».
Feijóo ha acusado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de comportarse como un «caudillo en su partido» y ha señalado que los españoles tendrán que «financiar los 13.000 millones de euros que costará más» ese cupo, lo que disminuirá los recursos del Estado y las autonomías para educación y servicios sociales.
El «Desafío Nacional» del Cupo Catalán
Según Feijóo, el cupo es «inconstitucional» y «ahonda en el relato independentista del procés», tratándose de un «desafío nacional» con el que se está «derogando la Constitución in voce». El líder del PP ha afirmado que una «minoría ha cambiado la convivencia de toda la nación» al decidir que la Generalitat de Cataluña tendrá el 100% de la recaudación de los impuestos, a diferencia del 50% que reciben el resto de las comunidades autónomas.
Feijóo ha asegurado que el PP tiene «un compromiso» con su ideología y sus principios, y que su partido «en ningún caso puede asumir la bilateralidad en aquellos asuntos que son claramente multilaterales». Ha señalado que la «bandera de la igualdad» y la «bandera de la solidaridad» es la que en este momento «solamente empuña el Partido Popular».
El Impacto Económico del Cupo Catalán
El líder del PP ha criticado que el Gobierno «va a sumar los 33.000 millones de euros que supondría extrapolar el cupo separatista al conjunto de la nación», preguntando si los españoles tendrán que «pagar 33.000 millones más sin impuestos, además de los que ya hemos pagado en el mayor incremento de presión fiscal que hemos tenido en los últimos cinco años.
Feijóo ha afirmado que los españoles tendrán que «financiar los 13.000 millones de euros que costará más el cupo separatista», lo que «significa que el Presupuesto General del Estado va a disminuir» y que las comunidades autónomas tendrán «menos capacidades» para infraestructuras estatales, educación, servicios sociales y dependencia.
