La Administración General del Estado y la Generalitat de Cataluña han alcanzado un acuerdo para compensar a la Generalitat por los gastos ocasionados en la asunción de la gestión integral de la prestación y servicios asociados del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Esta acción refleja el compromiso del Gobierno central por garantizar una transición fluida y eficiente en la transferencia de competencias a la comunidad autónoma.
El convenio, publicado recientemente en el Boletín Oficial del Estado (BOE), establece los detalles de esta colaboración entre ambas administraciones. La compensación económica para el ejercicio presupuestario de 2025 se ha valorado en 2.817.547 euros, una cifra que será actualizada anualmente de acuerdo con el incremento de las retribuciones del personal funcionario.
Asunción de la Gestión del IMV por la Generalitat de Cataluña
La Generalitat de Cataluña asumirá la gestión de la prestación no contributiva del IMV, con excepción del pago de la prestación y actuaciones derivadas de ello. Esta transferencia de competencias se producirá a los nueve meses del perfeccionamiento del convenio, siempre que se garantice la capacidad de actuación de la Generalitat para una correcta gestión de la prestación.
Entre las funciones que la Generalitat asumirá se encuentran: la resolución del procedimiento administrativo de reconocimiento del derecho al IMV, la supervisión del cumplimiento de requisitos, la adopción y notificación de la resolución relativa al reintegro de prestaciones indebidamente percibidas, entre otras. Además, la Generalitat deberá realizar diversas acciones para garantizar la actualización del sistema de la Tarjeta Social Digital y la comunicación de datos a la Seguridad Social.
Papel del Estado y Obligaciones Recíprocas
Si bien la Generalitat asumirá gran parte de las funciones, el Estado conservará algunas como la gestión presupuestaria y administrativa para el reconocimiento de la obligación y propuesta de pago, la ordenación y el pago a los beneficiarios, la reclamación de cuantías adeudadas y la garantía de la unidad de criterio.
Asimismo, ambas administraciones deberán cumplir con obligaciones recíprocas, como establecer protocolos de intercambio de datos y de remisión de expedientes entre comunidades autónomas por movilidad de los beneficiarios. Además, se creará una Comisión de Coordinación y Seguimiento del IMV, con representantes de ambas partes, para promover la colaboración y abordar los problemas que puedan surgir.
En resumen, este acuerdo entre la Administración General del Estado y la Generalitat de Cataluña representa un importante paso hacia la descentralización de la gestión del Ingreso Mínimo Vital, buscando garantizar una atención más eficiente y cercana a los ciudadanos catalanes. La compensación económica y el establecimiento de mecanismos de coordinación y seguimiento serán clave para asegurar una transición fluida y el éxito de esta iniciativa.
