El Gobierno de Aragón ha anunciado la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra la recién aprobada Ley de Amnistía. Esta decisión se enmarca en un esfuerzo por preservar los principios y valores consagrados en la Constitución Española de 1978, los cuales consideran fundamentales para la convivencia democrática en todo el territorio nacional.
Según el presidente aragonés, Jorge Azcón, la aprobación de esta ley «rompe con la igualdad, la legalidad, el Estado de derecho y la Constitución». Por este motivo, el Ejecutivo autonómico se ha comprometido a actuar con determinación para defender el marco constitucional, al que considera «absolutamente propio» de la identidad aragonesa. El recurso será presentado de forma conjunta con el Parlamento regional, basándose en los informes del Consejo Consultivo y de la letrada mayor de las Cortes de Aragón.
Argumentos Jurídicos para Impugnar la Ley de Amnistía
El Gobierno de Aragón ha constituido un grupo de trabajo interdepartamental dedicado al análisis jurídico de la Ley de Amnistía, con el fin de recabar los argumentos necesarios para formular el recurso de inconstitucionalidad. Tras solicitar el dictamen del Consejo Consultivo de Aragón, este órgano concluyó que el texto aprobado por el Congreso de los Diputados es inconstitucional, reconociendo, además, la legitimación de la Comunidad Autónoma de Aragón para interponer el recurso.
Asimismo, las Cortes de Aragón también se posicionaron en contra de esta propuesta normativa y aprobaron la interposición de un recurso de inconstitucionalidad, previo informe jurídico de sus letradas que apreciaba la inconstitucionalidad de la ley y ratificaba la legitimación de la comunidad autónoma para llevar a cabo dicha acción.
Rechazo Generalizado en otras Comunidades Autónomas
El Gobierno de Aragón no es el único que ha manifestado su rechazo a la Ley de Amnistía. Once asambleas legislativas de otras Comunidades Autónomas han aprobado iniciativas de rechazo a esta medida: Galicia, Cantabria, Castilla y León, La Rioja, Extremadura, Madrid, Comunidad Valenciana, Andalucía, Región de Murcia, Baleares y Canarias. Algunas de estas comunidades también han anunciado la interposición de recursos de inconstitucionalidad.
Según el Ejecutivo aragonés, la aprobación de la amnistía mediante la fórmula de una proposición de ley y el procedimiento de urgencia «infringe» los principios democráticos del Estado de Derecho exigidos por la Unión Europea, al no dar oportunidad a una adecuada participación social, institucional y política en su elaboración. Además, consideran que la amnistía exige una previa reforma de la Constitución, la cual no la prevé, por lo que su aprobación sería inconstitucional.
En definitiva, el Gobierno de Aragón se ha erigido como uno de los principales defensores de la Constitución Española, liderando una iniciativa que busca preservar el Estado de Derecho y la unidad nacional, ante lo que consideran un «chantaje político» para mantener al actual presidente del Gobierno en el poder.
