La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Alicante ha ratificado la absolución de un conductor que estaba acusado de un delito de homicidio por imprudencia grave. Después de analizar cuidadosamente los hechos, los magistrados han concluido que no se ha demostrado que el fallecimiento del anciano atropellado tuviera como causa directa el accidente en cuestión.
El caso se remonta al 26 de febrero de 2019, cuando el conductor en cuestión atropelló a un hombre de 88 años que cruzaba por un paso de cebra en Alicante. Si bien la sentencia de primera instancia reconoció que el conductor había incumplido «el más elemental deber de cuidado en la conducción» en el momento del atropello, los jueces consideraron que no existía un nexo causal probado entre el accidente y el posterior fallecimiento de la víctima, ocurrido tres semanas después.
Duda Razonable y Presunción de Inocencia
Los magistrados de la Audiencia Provincial de Alicante han resaltado que el delito de homicidio por imprudencia grave, contemplado en el Código Penal, requiere que exista un vínculo causal entre la acción imprudente y el resultado fatal. En este caso, señalan, existen «serias dudas» que no pueden resolverse sino a favor del acusado, en aplicación del principio de presunción de inocencia.
Entre los elementos que suscitan esas dudas, el tribunal menciona el hecho de que la víctima recibió asistencia médica en cuatro ocasiones diferentes entre la fecha del atropello y su fallecimiento, lo que dificulta establecer una relación directa entre el accidente y el desenlace. Así, los jueces han considerado que no se ha acreditado suficientemente que la imprudencia del conductor fuera la causa del deceso del anciano.
Una Sentencia Apegada a Derecho
La decisión de la Audiencia Provincial de Alicante se enmarca en una interpretación rigurosa y apegada a los principios jurídicos que rigen en materia penal. Al no poder establecer con certeza el vínculo causal entre la acción del conductor y el resultado fatal, los magistrados han optado por absolver al acusado, en aplicación de la presunción de inocencia que ampara a todo ciudadano.
Este caso refleja la necesidad de que los tribunales analicen con sumo cuidado los elementos probatorios y las circunstancias que rodean un hecho delictivo, antes de emitir un juicio de culpabilidad. La fundamentación jurídica de la sentencia, basada en las dudas razonables que persisten, demuestra el compromiso del sistema judicial por garantizar un debido proceso y respetar las garantías constitucionales de los encausados.
