El Gobierno de la Región de Murcia ha anunciado que interpondrá un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía aprobada recientemente por el Gobierno central. El presidente autonómico, Fernando López Miras, ha afirmado que este trámite «no es un acto político, sino un deber jurídico y moral» para defender los intereses de los más de 1,6 millones de ciudadanos murcianos.
López Miras ha explicado que el Estatuto de Autonomía de la Región establece la obligación de utilizar todos los medios legales disponibles para promover la libertad, la igualdad y la solidaridad entre las comunidades autónomas. En este sentido, ha considerado que la Ley de Amnistía afecta al modelo constitucional del Estado español y a los principios fundamentales que lo sustentan, por lo que el recurso busca «preservar la democracia, la unidad y la integridad de España, asegurando que nadie esté por encima de la ley».
Según el presidente murciano, este recurso es una defensa del derecho que tienen los ciudadanos de la Región a ser tratados con igualdad, a ser escuchados y a no ser discriminados. Además, ha asegurado que no pueden permitir que se debilite la confianza en las instituciones ni que se envíe el mensaje de que ciertos delitos pueden quedar impunes si se negocian políticamente.
Exigencia de un Nuevo Modelo de Financiación Autonómica
Otra de las prioridades del Gobierno murciano para el nuevo curso político es la necesidad de contar con un nuevo modelo de financiación autonómica, que López Miras ha calificado de «urgente» e «inaplazable. Según el presidente, la Región de Murcia lleva años sufriendo «un enorme castigo injusto y, incluso, inhumano» en materia de financiación, lo que se traduce en listas de espera en Sanidad, problemas de contratación de docentes y dificultades en la atención a la Dependencia.
López Miras ha criticado que el Gobierno central «envía mucho menos dinero del que se envía al resto de regiones» para atender a las competencias delegadas, a pesar de que la Región de Murcia es la más joven y con mayor incremento de alumnos y personal sanitario.
Además, ha reprochado que el futuro que plantea el Gobierno de Sánchez «no es el de solucionar de una vez por todas el problema de infrafinanciación autonómica», sino que, por el contrario, «ahora, con el dinero de los murcianos, Sánchez privilegia a Cataluña para garantizarse los apoyos que le permitan seguir en la Moncloa».
Defensa Jurídica y Movilización Social
Ante esta situación, el Gobierno murciano ha anunciado que utilizará «absolutamente todos los recursos legales e institucionales» a su alcance para «frenar este ataque» y ha exigido que se escuche a la Región de Murcia y que se convoque una Conferencia de Presidentes para debatir esta «iniciativa que no puede obedecer tampoco a un simple contrato de permanencia en el poder».
Además, López Miras ha asegurado que van a implicar también a toda la sociedad, que es la que sale perjudicada con estas decisiones, ya que «con la salud, la educación, con el bienestar de los murcianos no se juega, ni él ni nadie. En este sentido, ha insistido en que la Ley de Amnistía fue «el origen de todo este destrozo institucional e insolidario», generando «ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda» y un «desprestigio e intento de control de la justicia», así como «ataques a la separación de poderes, que es el mismo sustento de la democracia y de la libertad de los individuos».
