La eurodiputada de Podemos, Irene Montero, se ha visto envuelta en una controversia después de que el Ayuntamiento de La Oliva (Fuerteventura) la acusara de haber pintado elementos «naturales protegidos» en las playas de la isla. Sin embargo, Montero ha rechazado enérgicamente estas acusaciones, calificándolas de «mentira» y «vergonzosa».
El caso se originó a raíz de una publicación en el perfil de Instagram de Montero, en la que aparecían unas piedras pintadas. Desde el Ayuntamiento de La Oliva, se denunció el «uso inapropiado» de elementos «naturales protegidos», considerando que las piedras «dañadas» podrían ser de Fuerteventura. Además, instaron a la dirigente de Podemos a «aclarar» el origen de los elementos mostrados y a «rectificar públicamente».
LA VERSIÓN DE IRENE MONTERO: UNA «MENTIRA VERGONZOSA»
Sin embargo, Montero ha rechazado categóricamente las acusaciones del ayuntamiento canario. En sus declaraciones, la exministra de Igualdad ha calificado la acusación como una «mentira» y «vergonzosa». Según Montero, el ayuntamiento tenía la posibilidad de confirmar la información, pero «han preferido lanzar un bulo desde sus canales oficiales diciendo que he dañado el patrimonio natural de la isla pintando piedras de colores».
Montero también ha solicitado tanto al Ayuntamiento como a su alcalde, Isai Blanco, una rectificación. La eurodiputada ha insistido en que «se puede y se debe disfrutar de actividades con tu familia sin dañar el patrimonio natural», pero en este caso, ella estaba «con [sus] amigas, no con [su] familia».
LA REACCIÓN DE PODEMOS: ACUSACIONES DE USO POLÍTICO DE LAS INSTITUCIONES
La líder de Podemos, Ione Belarra, también se ha pronunciado sobre el caso, reprochando a Coalición Canaria, partido al que pertenece el alcalde de La Oliva, que «dejen de utilizar las instituciones públicas para atacar a adversarios políticos».
Belarra ha salido en defensa de Montero, calificando la acusación del ayuntamiento como una «mentira cutre». Además, ha cuestionado la motivación detrás de estas acusaciones, sugiriendo que se trata de un intento de utilizar las instituciones públicas con fines políticos.
EL FUTURO DEL CASO: ¿UNA OPORTUNIDAD PARA RECONSTRUIR LA CONFIANZA?
La controversia generada por las acusaciones del Ayuntamiento de La Oliva ha puesto en tela de juicio la relación entre la política local y nacional. Ante este escenario, surge la oportunidad de que ambas partes puedan sentarse a dialogar y encontrar una solución que permita reconstruir la confianza y evitar futuros malentendidos.
La clave podría estar en una comunicación más efectiva y una mayor transparencia, donde tanto el Ayuntamiento como Montero puedan aclarar sus respectivas posturas y llegar a un entendimiento que beneficie a todos los involucrados, especialmente a la ciudadanía de Fuerteventura.
En un momento en el que la polarización política parece ser la norma, este caso podría convertirse en una oportunidad para demostrar que es posible superar las diferencias y trabajar juntos en pro del bien común.
