El pasado martes, la Comisión Nacional de los Mercados de Valores (CNMV) decidió levantar la suspensión de cotización de Talgo, la conocida empresa ferroviaria española. Esta medida se produjo después de que el Gobierno español confirmara su veto a la Oferta Pública de Adquisición (OPA) presentada por el grupo húngaro Magyar Vagon, que buscaba hacerse con el 100% de Talgo.
La suspensión de cotización se produjo a primera hora de la mañana, coincidiendo con el inicio de la rueda de prensa del Consejo de Ministros, antes de que se hiciera pública la decisión gubernamental. Durante ese período, las acciones de Talgo experimentaron una caída repentina, llegando a perder un 0,93% respecto al cierre anterior. Posteriormente, la CNMV levantó la suspensión y la compañía volvió a cotizar a partir de las 14:45 horas.
Razones de Seguridad Nacional
La Junta de Inversiones Extranjeras del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha denegado la operación de adquisición de Talgo por parte del grupo húngaro, aludiendo a razones de seguridad nacional. Esta decisión se enmarca en una ley aprobada durante la pandemia para evitar que la caída en Bolsa de las empresas españolas fuera aprovechada por compañías extranjeras para tomar el control de las mismas.
En un comunicado oficial, el Gobierno ha argumentado que la autorización de esta operación «conllevaría riesgos para garantizar la seguridad nacional y el orden público», motivo por el cual ha declarado la información contenida en el expediente como clasificada. Según fuentes gubernamentales, existen preocupaciones sobre los posibles vínculos de la empresa húngara con la Rusia de Putin y la extrema derecha.
Concretamente, el 45% del capital del consorcio húngaro que pretendía adquirir Talgo está controlado por Corvinus, un fondo estatal húngaro, país actualmente gobernado por Viktor Orbán, quien ha entrado en conflicto con la Unión Europea por su acercamiento a Rusia y su oposición a aceptar cuotas de refugiados. Además, uno de los directivos de Magyar Vagon, András Tombor, fue asesor del Gobierno húngaro liderado por Orbán.
Implicaciones y Posibles Pleitos
El Gobierno defiende que este veto se produce «en aplicación de la normativa española vigente en materia de control de inversiones exteriores y con pleno respeto al Derecho comunitario y las competencias de la Unión Europea sobre inversiones extranjeras directas, protección del mercado interior y la libre circulación de capitales». Sin embargo, la decisión ya ha generado anuncios de pleitos judiciales por parte de varios agentes involucrados en el proceso.
Entre ellos, la asociación de accionistas minoritarios Aemec cree que este veto priva a los accionistas de poder vender sus acciones libremente, mientras que la propia Magyar Vagon ha apuntado que recurrirá incluso a instancias europeas para defender su operación.
Atracción de Inversión Extranjera
Pese a este revés, el Gobierno aprovecha para defender sus actuaciones respecto a la atracción de inversión extranjera, señalando que España ha sido el cuarto destino mundial de inversión por número de proyectos dirigidos a aumentar la capacidad productiva en el período 2018-2023. Además, según un ranking de la OCDE, es el décimo país desarrollado con menos restricciones regulatorias a la inversión extranjera, por delante de economías como Alemania, Francia o Estados Unidos.
El Ejecutivo concluye afirmando que su objetivo prioritario es la atracción de inversión extranjera, sobre todo en sectores clave como la digitalización y la transición ecológica, de forma compatible con la protección de los intereses estratégicos y la seguridad nacional.
