La violencia obstétrica se ha convertido en un tema de creciente preocupación en España, donde diversos estudios han revelado que un número significativo de mujeres han sufrido maltrato durante su proceso de parto.
Según un estudio de 2020, el 38 % de las mujeres declaran haber sido víctimas de violencia obstétrica, mientras que un 44 % reporta haber sido sometida a procedimientos innecesarios o perjudiciales. Otro informe más reciente eleva estas cifras al 63 %, evidenciando la magnitud del problema. Estas cifras plantean interrogantes sobre la práctica médica en los paritorios españoles y si la negligencia médica en el parto es más común de lo que se admite.
Un término polémico y resistencia institucional
El término “violencia obstétrica” es objeto de controversia. Mientras que organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) evitan su uso, prefiriendo hablar de “falta de respeto y maltrato durante la atención del parto”, la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) rechaza frontalmente la expresión.
Para la SEGO, hablar de violencia obstétrica implica una intencionalidad de dañar por parte del personal médico, algo que consideran “inapropiado, tendencioso e injusto”. No obstante, reconocen que existe un “margen de mejora” en la adaptación de los protocolos médicos a las necesidades y derechos de las mujeres.
Prácticas médicas cuestionables y negligencia en el parto
El Observatorio de Violencia Obstétrica de España, por su parte, utiliza el término y señala una serie de prácticas que considera parte de una violencia estructural. Estas incluyen la falta de consentimiento informado, la realización de maniobras como la de Hamilton o la de Kristeller sin previo aviso, y la imposición de procedimientos como la episiotomía sin justificación médica. Tales prácticas, cuando se realizan sin el consentimiento o sin la adecuada información, no solo son percibidas como violentas, sino que también pueden ser clasificadas como negligencia médica en el parto, lo que agrava aún más la situación de las mujeres afectadas.
A pesar de la falta de consenso sobre qué constituye exactamente violencia obstétrica, lo que queda claro es que muchas mujeres en España no se sienten escuchadas ni respetadas durante su proceso de parto. Para algunas, las intervenciones médicas como la cesárea o la episiotomía son necesarias y realizadas con respeto; para otras, estos mismos procedimientos, cuando se ejecutan sin su consentimiento, representan una forma de maltrato. Esta disparidad en la percepción subraya la necesidad urgente de revisar y mejorar las prácticas obstétricas, garantizando que todas las mujeres reciban una atención que respete sus derechos y su dignidad.
La violencia obstétrica, incluyendo posibles casos de negligencia médica, es una problemática que exige atención y acción. No se trata solo de estadísticas o términos controvertidos, sino de la experiencia real de miles de mujeres que merecen un parto seguro y respetuoso.
