La guerra de precios en el aceite de oliva se desata y Mercadona tiene una súperoferta

-

En un mercado cada vez más competitivo, las principales cadenas de supermercados han entrado en una verdadera guerra de precios por el «oro líquido» de España: el aceite de oliva. La empresa valenciana liderada por Juan Roig, Mercadona, ha sido la última en anunciar una rebaja en los precios de este producto, especialmente en sus versiones Suave e Intenso. Esta nueva reducción, que afecta a los formatos de 1 y 3 litros, se suma a los ajustes que se han venido aplicando a lo largo del año 2024, convirtiéndose en un fenómeno que ha captado la atención de consumidores y expertos en el sector. A continuación te contaremos cómo hizo Mercadona para ofrecer el aceite de oliva a un precio mucho menor que su competencia.

4
La Dirección General de Consumo interviene

La Dirección General de Consumo interviene

La Dirección General de Consumo ha comenzado a verificar que los principales supermercados españoles aplican correctamente la rebaja del IVA al 0% sobre el aceite de oliva, con el fin de evitar un posible «fraude masivo a los consumidores». Esta investigación involucra a grandes cadenas como Mercadona, Alcampo, Aldi, Carrefour, Día, Eroski, Hipercor y Lidl.

Esta acción de la Dirección General de Consumo surge tras constatar que la reducción del IVA apenas se ha notado en el bolsillo de los consumidores, quienes han seguido pagando de media entre 10 y 12 euros el litro de aceite de oliva. Ante esta situación, las autoridades han decidido intervenir para asegurarse de que las grandes cadenas de supermercados están cumpliendo con la normativa vigente y trasladando los beneficios de la rebaja impositiva a los consumidores finales.

La guerra de precios en el sector del aceite de oliva pone de manifiesto la importancia de una supervisión efectiva por parte de las autoridades competentes, con el fin de garantizar que las reducciones fiscales se trasladen de manera íntegra a los bolsillos de los consumidores. Además, esta situación evidencia la necesidad de una mayor transparencia y rendición de cuentas por parte de las grandes empresas del sector, para que los ciudadanos puedan confiar en que los ajustes de precios responden a una competencia leal y no a prácticas abusivas.