La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha expresado su apoyo a la prohibición de la contratación telefónica de electricidad y gas, una medida recogida en el proyecto del Reglamento General de Suministro y Contratación. Además, la organización ha solicitado que esta restricción se extienda a otras empresas, como las de telefonía, ya que consideran que son «fuente de todo tipo de abusos».
Según una encuesta reciente de la OCU, nueve de cada diez consumidores reciben llamadas comerciales no solicitadas, a menudo de manera reiterada. De hecho, el 40% de los encuestados afirma recibir más de seis llamadas al mes, especialmente de compañías energéticas, pero también de telefonía. Por este motivo, la OCU ha exigido a la Agencia de Protección de Datos que inicie labores de control, vigilancia y, en caso necesario, imponga «sanciones ejemplares».
La falta de transparencia en la información a los consumidores
La organización también denuncia «la falta de transparencia» en la información que se transmite a los consumidores. La misma encuesta de la OCU revela que en muchos casos no se sabe quién está llamando, ya que una de cada cinco llamadas incumple directamente la normativa, pues el teleoperador no identifica a la empresa para la que trabaja.
Además, la OCU alerta de que es habitual que los comerciales argumenten «falsamente» que el usuario está pagando tarifas muy elevadas, que se las van a subir o que cambia la ley y le va a salir más cara.
La insatisfacción de los usuarios con los Servicios de Atención al Cliente
Por otro lado, una encuesta reciente de la organización destaca la insatisfacción de los usuarios con los Servicios de Atención al Cliente (SAC) de las compañías de gas y luz, pero también de los bancos, las empresas de seguros y los operadores de telefonía. En concreto, el 39% de los usuarios de gas y el 32% de los de electricidad están insatisfechos con la atención al cliente de su compañía.
Finalmente, la OCU recuerda que está pendiente desde 2023 la aprobación de la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, otra normativa que, a su juicio, «contribuiría decisivamente a limitar los problemas detectados, sobre todo en relación a la resolución de los abusos detectados, ya que agiliza y facilita las reclamaciones».
