El Grupo Parlamentario de Sumar, liderado por la Vicepresidenta Segunda Yolanda Díaz, ha presentado una batería de preguntas al Gobierno en el Congreso de los Diputados en relación a dos supuestos contratos que el Ministerio de Defensa habría adjudicado al sector de armamento israelí. Según Sumar, estas adjudicaciones contravienen el compromiso expresado por el Gobierno de suspender el comercio de armas con Israel a raíz del conflicto en la Franja de Gaza, donde consideran que se está cometiendo un «genocidio».
En este contexto, Sumar ha solicitado explicaciones al Gobierno y exigido la anulación de estos contratos, así como la adopción de medidas para evitar que se produzcan nuevas adjudicaciones a empresas relacionadas con el sector de la defensa israelí.
Contratos Cuestionados por Sumar
Sumar ha denunciado dos contratos adjudicados por el Ministerio de Defensa a empresas vinculadas al sector de armamento israelí. El primero, por casi 290.000 euros, fue adjudicado el pasado lunes a la filial española «PAP Tecnos» de la israelí Rafael Advanced Defense Systems. El objetivo de este contrato es el «mantenimiento de las estaciones de armas de accionamiento remoto ‘Mini Samson’, integrados en los vehículos blindados ‘RG-31′».
Además, Sumar también se refiere a otra adjudicación realizada por Defensa en abril, por más de 207 millones de euros, para la «fabricación de los designadores para los ‘Eurofighter'», esta vez para la empresa matriz «Rafael».
Llamado a la Anulación y Prevención de Nuevos Contratos
Según Sumar, estas adjudicaciones «contravienen el acuerdo del Gobierno de cesar la compra y venta de armas con Israel, que incluye también la no adjudicación de contratos relacionados con su sector de la Defensa ni sus empresas.
En este sentido, el grupo parlamentario ha exigido al Gobierno que aclare si considera que dichos contratos «contradicen las declaraciones previas sobre el cese de relaciones comerciales con el sector de la defensa de Israel» y que explique «en qué órgano» se han autorizado ambos.
Asimismo, han solicitado que se expliquen las medidas que se van a tomar para «anular» dichos contratos y «cuándo se van a adoptar dichas medidas», así como las medidas que emprenderá el Gobierno «para cerciorarse de que ningún otro contrato del sector armamentístico se adjudique» a estas empresas o a otras relacionadas con este sector israelí.
