Más de seis años después de la desaparición de ETA, la situación penitenciaria de los reclusos de la banda terrorista sigue siendo un tema de debate y análisis. Con 148 presos cumpliendo condena, de los cuales 142 se encuentran en cárceles de Euskadi y Navarra, y 6 en prisiones de Francia, la política penitenciaria aplicada por el Gobierno Vasco desde la transferencia de competencias en octubre de 2021 ha sido objeto de escrutinio.
Según los portavoces de Sare, Joseba Azkarraga y Nahikari Iturbe, entre agosto de 2023 y el mismo mes del presente ejercicio, las Juntas de Tratamiento de los centros penitenciarios han propuesto a la Administración Central Penitenciaria vasca la progresión a tercer grado en un total de 34 ocasiones, de las cuales el Gobierno Vasco ha aprobado 32. Sin embargo, el Ministerio Fiscal ha recurrido 6 de estas progresiones, lo que ha llevado a que, en 4 de estos casos, los presos hayan vuelto de manera definitiva a prisión.
Las Luces y Sombras de la Política Penitenciaria Vasca
Azkarraga ha destacado que las propuestas de progresión al tercer grado son realizadas por los profesionales de los centros penitenciarios, por lo que «no se trata de una decisión de carácter político, sino adoptada por los psicólogos, educadoras, trabajadores sociales, juristas, etc de cada centro penitenciario».
Sin embargo, ha criticado que «aún falta un largo recorrido para poder hablar de normalización penitenciaria», ya que «por el tiempo de condena cumplida, podrían ser más de un centenar las personas presas las que podrían estar en régimen de semilibertad o incluso libertad condicional».
Además, ha señalado que la aprobación de los permisos ordinarios de dos días, cuya competencia es exclusiva de la Administración vasca, «ha sido muy limitada», algo que considera «difícil de entender» cuando se trata de «presos con muchos años de condena cumplidos y pertenecientes a una organización que desapareció hace más de seis años».
Por otro lado, Azkarraga ha indicado que el número de recursos presentados por el Ministerio Fiscal en el último año «se ha reducido en relación al pasado año», aunque sigue siendo un porcentaje «muy alejado del 3% de los recursos que presenta la Fiscalía del País Vasco, en aquellos casos no relacionados con presos de la extinta ETA».
Hacia una Política Penitenciaria Normalizada
Azkarraga ha insistido en que, más de seis años después de la desaparición de ETA, se mantienen «leyes de excepción«, que «afectan tanto a materias estrictamente de Derecho Penal como a materias relacionadas con el cumplimiento de la pena» y que «imponen criterios contrarios a las percepciones avanzadas del Derecho Penitenciario». Por ello, ha exigido «el fin de estas excepcionalidades» para dar paso «a los mecanismos integradores y humanistas de la Justicia ordinaria».
En cuanto al cambio en la Administración Penitenciaria vasca tras las últimas elecciones autonómicas, Azkarraga ha expresado su esperanza de que «la política de los nuevos responsables profundice en el avance de este modelo penitenciario vasco» y que mantengan «una actitud abierta que facilite la interacción con los movimientos sociales, con los agentes del tercer sector y organizaciones relacionadas con el mundo penitenciario que permita avanzar con las aportaciones de todos ellos».
En resumen, la situación penitenciaria de los reclusos de ETA bajo el Gobierno Vasco ha presentado luces y sombras, con avances en la progresión a tercer grado pero también con limitaciones en la aprobación de permisos ordinarios y la persistencia de «leyes de excepción» que dificultan la normalización del sistema penitenciario. El futuro de esta política dependerá en gran medida de las decisiones y actitudes de los nuevos responsables de la Viceconsejería de Justicia liderada por el PSE-EE.
